Bloomberg Línea — Los herederos del exdictador chileno Augusto Pinochet, en el poder de 1973 a 1990, tendrán que restituir unos US$16,2 millones, equivalente a más de 15.000 millones de pesos a las autoridades fiscales por la apropiación ilícita de activos públicos.
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El Séptimo Juzgado Civil de Santiago falló el martes 22 de julio a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Según el tribunal, esta cantidad fue sustraída de fondos públicos y transferida a las cuentas bancarias personales de Pinochet para comprar propiedades y otros instrumentos financieros.
Específicamente, el dinero provino de fondos destinados a la Presidencia, la Casa Militar y el Ejército. El fallo involucra a 16 personas, incluida la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, fallecida en diciembre de 2021.
Los herederos tendrán que devolver el importe en proporción a su parte de la herencia, en pesos chilenos convertidos al tipo de cambio vigente en ese momento, más intereses.
Según el CDE, la acción judicial, iniciada hace siete años, tenía como objetivo “resarcir los daños exorbitantes resultantes de la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores”.
El fallo responde a una demanda presentada en 2018 por el Consejo de Defensa, acogida por el tribunal, que determinó que parte de la herencia de Pinochet provenía de la malversación de fondos públicos. El juzgado concluyó que los herederos obtuvieron un “beneficio patrimonial injusto”.
“Pese a que no fue posible hacer efectiva la responsabilidad penal del señor Pinochet Ugarte por su fallecimiento, se encuentra acreditado que incurrió en conductas que importaron la sustracción de caudales públicos, estimándose que sus ingresos sin justificación ascendieron al menos a US$17′886.323, cuyo origen se encuentra en los fondos de gastos reservados”, señala la resolución.
La demanda civil presentada por el CDE se origina en el llamado “Caso Riggs”, revelado en julio de 2004 por una subcomisión del Senado de Estados Unidos, que descubrió que Pinochet mantenía más de 125 cuentas en el desaparecido Riggs Bank y otras entidades financieras estadounidenses.
Pinochet fue procesado por la Justicia chilena en 2005 en el marco del caso Riggs, y aunque se le decretó arresto domiciliario por algunas semanas, nunca fue condenado.
Murió en diciembre de 2006, a los 91 años, sin enfrentar una sentencia firme, ni por el enriquecimiento ilícito que reveló esa investigación ni por su responsabilidad en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante su dictadura.
Los herederos aún pueden apelar el caso ante la Corte de Apelación e incluso a la Corte Suprema.
