En la Comisión de Salud del Senado comenzó el estudio de un proyecto de ley que plantea cambios profundos al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), el beneficio que reemplaza la remuneración durante los periodos de licencia médica. La discusión contó con la presencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, dado que el proyecto es empujado desde el Gobierno.
Este subsidio comprende una suma de dinero que se paga por el período en que un trabajador haya estado con licencia médica, y cuya finalidad es reemplazar la remuneración o renta que deja de percibir mientras está enfermo.
Modificaciones que propone el Gobierno
Entre las modificaciones propuestas figura la creación de un nuevo período de carencia, que será de dos días para todos los trabajadores, sin importar la extensión de la licencia. Hoy, esta medida afecta solo al sector privado y es de tres días para reposos de 10 días o menos. En el sector público, en cambio, los funcionarios pueden recibir el total de su sueldo desde el inicio, algo que la iniciativa busca unificar. Con el cambio, la remuneración diaria se calculará como una treceava parte del salario bruto.
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La propuesta también exceptúa a licencias maternales —como pre y postnatal y enfermedad de hijo menor de un año— y a aquellas derivadas de accidentes laborales. Además, amplía las atribuciones de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), que podrá requerir datos a organismos estatales y empresas privadas para detectar usos indebidos del beneficio, y fiscalizar de forma preventiva las licencias que superen los 180 días en un año.
La postura oficial
Según explicó Aguilera, el texto “no nació como respuesta a los informes emitidos por la Contraloría acerca del mal uso de licencias médicas, sino que fue fruto del acuerdo alcanzado con los parlamentarios en la discusión presupuestaria de noviembre pasado y el trabajo de la mesa del sector público”.
La ministra aportó cifras que dan cuenta del aumento del uso de licencias: de 6 millones anuales en 2019 se pasó a 9 millones en 2022 y a 8 millones en 2023. Entre 2018 y 2024, las licencias no parentales crecieron un 42%, mientras que el gasto de Fonasa por este concepto subió un 73% en cuatro años y en las Isapres un 2%.
El proyecto se presenta en un contexto de mayor escrutinio sobre el uso del SIL. En relación con los informes de la Contraloría, Marcel indicó que “de los 10 mil funcionarios públicos involucrados, 707 ya han sido despedidos o han renunciado y se están realizado más de 6 mil sumarios, los cuales deberían resolverse en cuatro meses como máximo”.
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El ministro también destacó que “se crearon los comités de ausentismo laboral dado que ellos son las más perjudicados cuando hay licencias extensas por la carga que deben asumir”, y subrayó el impacto fiscal de la reforma: dejar de pagar el total de la remuneración a trabajadores del sector público en reposo por carencia permitiría recuperar unos 183 mil millones de pesos.
“Se pueden mejorar mucho los sistemas de control, pero si no se hace un cambio sustantivo al diseño del seguro, no se logra avanzar, por eso es importante contar con un seguro bien diseñado que sea común a todos los trabajadores”, sostuvo.
