El presidente de Chile, Gabriel Boric, aceptó la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende. En su reemplazo, se nombró a la exministra de Educación y anteriormente encargada del Ministerio de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano Puelma. Así lo dio a conocer el equipo del mandatario mediante un comunicado.
La salida de Fernández ocurre dos meses después de que se conociera el intento fallido de la adquisición de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende, un inmueble en el que la ministra aparecía como copropietaria en el momento en que se firmó la operación de compraventa.
La oposición presentó un recurso de inhabilitación ante la Corte Suprema, el cual fue recientemente admitido para su trámite. Además, se manejaba la posibilidad de interponer una acusación constitucional contra la ministra de Defensa.
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Antes de la resolución del Tribunal Constitucional, el 5 de marzo, la exministra compareció ante la Fiscalía, donde estuvo declarando por casi tres horas. En su citación anterior, había optado por hacer uso de su derecho a guardar silencio.
La dimisión de Fernández se suma a la de Marcela Sandoval, quien dejó el Ministerio de Bienes Nacionales el 6 de enero, justo antes de que se desatara el escándalo. En ese momento, el Gobierno sostuvo que la salida de Sandoval había sido suficiente para cubrir los “costos políticos” derivados de la fallida compra.
La acusación opositora
Miembros del Partido Republicano y de Chile Vamos presentaron una acusación constitucional contra la ahora exministra de Defensa. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional (TC) aceptó el recurso de inhabilitación interpuesto por los abogados Raimundo Palamara y John Reid en contra de Fernández, según destaca un artículo de CNN Chile.
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El caso tiene su origen en una denuncia interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana, liderada por el abogado Palamara, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Según la acusación, la compra de la propiedad situada en Guardia Vieja 392, en Providencia, podría constituir un fraude al fisco. Este inmueble había sido incluido en las inversiones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto 2024.
El gobierno había anunciado la adquisición del bien por 24.291 UF (alrededor de $1.000 millones). No obstante, la operación fue puesta en duda cuando se reveló que una parte de la propiedad pertenecía a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende. Esto iría en contra de las normativas que prohíben que altos cargos públicos tengan intereses en contratos con el Estado.
