Bloomberg Línea — El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Adicional a eso se le impuso una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a COP$3.445 millones.
¿A quién debe pagar esa multa?
En Colombia, las multas impuestas por jueces en procesos penales no se entregan a particulares, demandantes o víctimas. Son sanciones de carácter punitivo cuyo recaudo corresponde al Estado, específicamente a la Rama Judicial.
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Así las cosas, el dinero consignado se destina al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, administrado por el Consejo Superior de la Judicatura o, en su defecto, al Ministerio de Justicia y Derecho.
Con lo que el pago debe hacerse a través de las cuentas bancarias establecidas por la Rama Judicial, por lo general en el Banco Agrario o el Banco Popular, usando referencias del proceso y normativa aplicable.
Vale tener en cuenta que las multas impuestas no se deben pagar a víctimas ni a terceros; tampoco a la Fiscalía o al propio juzgado, pues esas entidades no reciben directamente los recursos.
La condena contra Uribe Vélez se produjo tras más de nueve años de proceso y 67 audiencias. Inició con una denuncia del expresidente contra el senador de izquierda Iván Cepeda, a quien acusó de manipulación de testigos.
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Dicha denuncia no prosperó, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Cepeda e inició una nueva investigación en contra de Uribe por los mismos delitos que éste acusó a su contendor político.
La decisión de la jueza Heredia ha sido calificada como histórica por adversarios políticos de Uribe, pero al mismo tiempo sus aliados la han señado de ser una retaliación en contra del exmandatario por su lucha contra los grupos guerrilleros durante su presidencia.
Incluso autoridades estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, salieron en defensa de Uribe, un hecho rechazado por Gustavo Petro, quien como presidente de Colombia les pidió a los funcionarios del Gobierno de Donald Trump abstenerse de tener injerencias sobre asuntos de la justicia local.
Soborno en actuación penal
La jueza concluyó que Uribe fue el “determinador” de una red diseñada para influir en testigos clave como Juan Guillermo Monsalve mediante su abogado Diego Cadena.
Las grabaciones obtenidas por un reloj espía, que muestran ofrecimientos de beneficios judiciales a Monsalve, junto con interceptaciones telefónicas, evidenciaron que Cadena informaba en “tiempo real” sobre sus gestiones, implicando directamente al expresidente en los hechos
Fraude procesal
Heredia consideró probado que Uribe utilizó de forma consciente declaraciones manipuladas para instaurar demandas contra el senador Iván Cepeda.
Documentos falsos firmados por exparamilitares, entregados con fines judiciales engañosos, fueron presentados ante la Corte Suprema sabiendo su origen viciado.
Esta conducta, según la examinó la jueza, constituye fraude procesal al inducir error en la autoridad judicial
