Bloomberg Línea — Colombia enfrenta un dilema que podría redefinir las bases de su crecimiento económico en las próximas décadas: la sostenibilidad del ahorro nacional frente a la reforma pensional aprobada en 2024.
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Un análisis de ANIF revela que, lejos de fortalecer la acumulación de capital, la transición hacia un sistema de pilares podría erosionar los recursos que hoy sostienen la inversión y la estabilidad macroeconómica.
“En 2040, con la reforma pensional, el ahorro pensional nacional dejaría de acumular COP$169,7 billones frente a un escenario sin reforma, lo que equivale a 10,4 reformas tributarias”, dice el centro de estudios.
El ahorro es mucho más que una simple reserva de ingresos. En economías emergentes como la colombiana, constituye el principal motor de la inversión y un ancla contra la volatilidad macroeconómica.
Un nivel elevado de ahorro interno permite canalizar capital hacia sectores estratégicos como infraestructura, educación y tecnología, incrementando la productividad y la competitividad.
Al mismo tiempo, dinamiza los mercados financieros y facilita el acceso al crédito, un punto crítico en países donde el financiamiento suele ser costoso y restrictivo.
Resalta ANIF que la literatura económica ha mostrado que la falta de capital constituye uno de los principales frenos al crecimiento. Para Colombia, consolidar mecanismos de ahorro robustos no es sólo una aspiración: es un requisito estratégico para sostener su desarrollo.
El rol de las AFPs
Hasta ahora, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) han cumplido un papel central en la acumulación de ahorro. En 2024 gestionaron COP$464,9 billones, el equivalente al 27,3% del PIB. De esa cifra, cerca del 70% corresponde a rendimientos generados por inversiones, lo que refleja una gestión eficiente de los recursos.
Durante tres décadas, los fondos privados han ofrecido una rentabilidad nominal promedio del 9,8%, la más alta entre los países de la OCDE. Sólo en 2024, los aportes sumaron COP$25 billones, equivalentes al 11% del ahorro bruto nacional, consolidando a las AFPs como un pilar estructural del financiamiento de largo plazo en Colombia.
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Esa acumulación no sólo respalda pensiones futuras, también alimenta los mercados de capital y provee recursos estables para inversión productiva, generando un círculo virtuoso entre ahorro e inversión.
Un giro con riesgos
La Ley 2381 de 2024, que rediseña el sistema hacia un modelo de pilares —solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario—, pretende ampliar la cobertura y corregir inequidades. Sin embargo, el análisis de ANIF advierte que el efecto sobre el ahorro pensional podría ser negativo.
El nuevo pilar contributivo, clave en la arquitectura de la reforma, dividirá las cotizaciones: por debajo de 2,3 salarios mínimos irán al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) y por encima de ese umbral permanecerán en cuentas individuales administradas por privados.
En teoría, el FAPC debería compensar la menor acumulación en las AFPs. Pero las proyecciones sugieren lo contrario. Según cálculos de ANIF, en 2026 —primer año de implementación— la pérdida de ahorro sería de COP$0,79 billones.
El déficit se ampliaría de forma sostenida, hasta alcanzar COP$169,7 billones en 2040 frente a un escenario sin reforma. Esa cifra equivale a 10,4 reformas tributarias, tomando como referencia el recaudo esperado de la Ley de Financiamiento de 2025.
Una amenaza a la estabilidad
La caída proyectada del ahorro abre interrogantes profundos sobre la sostenibilidad de la inversión y la estabilidad macroeconómica de Colombia. Un menor ahorro doméstico reduciría la capacidad de financiar proyectos estratégicos y encarecería el crédito, limitando la competitividad.
Además, la pérdida de dinamismo en los fondos de pensiones podría debilitar los mercados de capital, un efecto con implicaciones de largo alcance. En países desarrollados, el ahorro pensional ha servido no solo como colchón de estabilidad, sino como motor para la modernización financiera. Colombia corre el riesgo de retroceder en este frente.
ANIF señala que, aunque el FAPC podría inyectar recursos en el corto plazo, la reforma no establece un marco suficientemente robusto para garantizar que esos ahorros se canalicen hacia instrumentos productivos. En ausencia de reglas claras, el país podría perder un mecanismo clave para transformar ahorro en inversión sostenible.
Una visión de largo plazo
El debate sobre la reforma pensional no puede quedarse en términos de equidad o cobertura, por importantes que sean. El verdadero costo se mide en la capacidad del país para sostener una senda de crecimiento estable y productiva.
Si Colombia reduce su ahorro acumulado en más de COP$160 billones en los próximos 15 años, la presión sobre las finanzas públicas será inevitable. En la práctica, significaría la necesidad de múltiples reformas tributarias para compensar la falta de capital.
El reto, según ANIF, es diseñar un sistema que combine sostenibilidad social con sostenibilidad financiera. Eso implica crear incentivos para que el ahorro siga creciendo y, al mismo tiempo, proteger la eficiencia lograda por las AFPs en tres décadas de operación.
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La reforma pensional ya es ley aunque se encuentra en trámite en la Corte Constitucional que validará, o no, si la normatividad está ajustada a la Constitución. Pero su impacto sobre el ahorro y la inversión de largo plazo apenas comienza a dimensionarse. La falta de capital ha sido históricamente una traba para el desarrollo colombiano y sacrificar la acumulación de ahorro puede convertirse en un riesgo macroeconómico difícil de revertir.
