Bloomberg — Al menos 19 explosiones sacudieron el suroeste de Colombia, sembrando aún más el terror en una nación que aún busca recuperarse del intento de asesinato de un precandidato presidencial ocurrido días antes.
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Una bomba en una motocicleta detonó el martes cerca de una comisaría de Cali, la tercera ciudad más grande del país, entre otros ataques. La policía informó que la violencia ha dejado al menos cuatro muertos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó los ataques a un caudillo conocido como Iván Mordisco, a quien el presidente Gustavo Petro también responsabilizó de estar involucrado en el complot para asesinar al precandidato, que fue víctima de varios tiros el sábado en un mitin en Bogotá.
La víctima, el senador Miguel Uribe Turbay, permanece en estado crítico con una herida de bala en la cabeza. Petro también apuntó a una organización criminal global que, según él, se extiende desde Dubái, Italia y Albania hasta Ecuador.
“Hay indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, de que el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional”, dijo Petro el lunes por la noche en redes sociales, sin proporcionar detalles.
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Las explosiones y el intento de asesinato son las últimas señales de que la situación de seguridad en Colombia está fuera de control, a poco más de un año de que Petro concluya su mandato. Grupos armados ilegales como el liderado por Mordisco siguen expandiéndose, y la producción de cocaína alcanzó un récord el año pasado.
Petro, cuyas reformas se han visto obstaculizadas por el Congreso y los tribunales mientras aumentan los problemas fiscales, acusó a sus opositores de intentar capitalizar el atentado contra Uribe para debilitar al gobierno.
“Están utilizando este horrible atentado para detener el renacimiento de Colombia y devolvernos al pasado, con algo aún peor: el desprecio por las instituciones, la Constitución y la ley”, escribió el martes en otra publicación en X.
Según el presidente, el atacante pasó cuatro horas explorando el parque donde ocurrió el atentado. Llegó en motocicleta, habló con personas en una furgoneta y portaba un teléfono móvil que las autoridades aún intentan localizar.
Petro añadió que el hijo pequeño de Uribe fue seguido desde su colegio, y que la Fiscalía investiga si el propio senador también fue vigilado.
Las viviendas de la tía y la abuela del sospechoso fueron allanadas en el barrio Villas de Alcalá, cerca del aeropuerto principal de la ciudad.
La Fiscalía General dijo que la pistola Glock de 9 mm utilizada por el atacante había sido comprada en Arizona en agosto de 2020. Los agentes están tratando de establecer si el arma de fuego ha sido utilizada en otros delitos.
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El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, declaró el lunes que su cliente presentó más de 20 solicitudes este año a la Agencia Nacional de Protección para reforzar su seguridad. La más reciente fue el 5 de junio, dos días antes del atentado. La agencia, junto con la policía, proporciona escoltas a políticos.
El senador permanecía permanece en cuidados intensivos la mañana del martes, según el hospital de Bogotá donde está internado.
Afuera, decenas de personas se congregaron por cuarto día consecutivo, muchas con velas y rosarios. Su esposa, Claudia Tarazona, les pidió continuar rezando y aseguró que su marido estaba “luchando por su vida”.
Petro anunció que ordenará mayores medidas de seguridad para líderes de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Además de Uribe, también recibirán protección reforzada María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila.
El adolescente sospechoso compareció ante el tribunal el martes por la mañana, donde probablemente será acusado de intento de asesinato y posesión ilegal de arma de fuego. Será juzgado bajo el sistema juvenil, cuya pena máxima es de ocho años, según la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
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