Bloomberg Línea — Para la presidenta del Banco Popular, entidad financiera del Grupo Aval (AVAL), María Fernanda Suárez, la edad de pensión en Colombia, 57 años para mujeres y 62 años para hombres, es muy baja.
“Siempre debatimos el tema de la edad de pensión porque es un problema fiscal y nunca lo estamos viendo desde el efecto que tiene sobre las personas”, dijo la banquera en entrevista con Bloomberg Línea.
Explicó que en la medida en que la expectativa de vida aumenta, los ingresos son menores y que para poder disfrutar la nueva longevidad, ojalá las personas duraran más tiempo teniendo mayor ingreso.
Con lo que aseguró que la edad de pensión se debe repensar partiendo desde ahí, también contemplando asuntos laborales, “tenemos que ver cómo una persona que ya está en la edad de pensión y, por ejemplo, no ha logrado los requisitos, tiene una mayor flexibilidad laboral para que para las empresas sea mejor contratar personas que tienen más años”.
Lo que, añadió, deben ser elementos que deben considerar tanto los nuevos congresistas que lleguen en 2026, como el nuevo presidente o presidenta de Colombia. “Realmente pensemos a fondo la transición demográfica y los ingresos de las personas que están en una edad más allá de la edad de retiro”.
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Uno de cada cuatro pensionados en Colombia es cliente del Banco Popular. De acuerdo con un informe de la firma, en el 2030 Colombia tendrá más colombianos mayores de 60 años que menores de 15 años.
Visto desde otra perspectiva, en 1985, la población mayor de 60 años en Colombia era de 2,2 millones de personas, representando el 7,7% del total. Para 2065, esta cifra alcanzará los 19 millones, equivalentes al 31% de la población.
Es decir, en los últimos 40 años, la proporción de adultos mayores pasó de del 7,7% al 15%. Sin embargo, en los próximos 40 años, este grupo representará más de un tercio de la población total del país.
Balance negativo cambió en 2025
En 2023, esta entidad financiera del Grupo Aval registró pérdidas por COP$347.409 millones y en 2024 por COP$226.699 millones. Este año las cifras mejoraron y, con corte a septiembre de 2025, la entidad ya reporta una utilidad de COP$11.100 millones.
Al respecto, Suárez indicó que han crecido de manera significativa en clientes, con su apuesta por la economía plateada (población mayor) y, más importante, en la satisfacción los mismos.
“Nuestros clientes están reconociendo que todo el modelo de atención que tenemos, más los productos que estamos haciendo especializados para la economía plateada, realmente son diferenciales”, especificó.
Más del 70% de las operaciones del Banco son libranzas y están creciendo en los depósitos de personas naturales, dos líneas bandera de la estrategia.
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Como novedades, el Banco tiene dos productos que acaba de lanzar: tarjeta débito y tarjeta crédito Visa para el Mundial 2026 y por cuenta de la alianza que tiene Aval con la FIFA, plásticos que van a traer beneficios como poder ganar entradas para el torneo deportivo, hoteles, tiquetes de avión; así como álbumes y otras experiencias para los partidos de fútbol.
Y un CDT del Millón, que ofrece una tasa de 10,48% efectivo anual y pago a modo de renta mensual.
Alerta sobre la insolvencia de personas naturales
“Hay muchos clientes que están recibiendo una muy mala asesoría, porque los están invitando a insolventarse a propósito y están utilizando la ley inadecuadamente porque adquieren un montón de deudas, algunas con el sector financiero o con personas indeterminadas”, explicó la presidenta del Banco Popular.
Se trata de la Ley 2445 de 2025, cuyo objetivo es darle una segunda oportunidad a quienes, por circunstancias adversas, ya no pueden cumplir con sus obligaciones económicas. Lo anterior, mediante tres caminos: negociación de las deudas con los acreedores, convalidación de acuerdos privados y liquidación patrimonial.
Al respecto, Suárez expresó que el mal uso de la Ley lo que termina generando es un efecto nocivo porque las personas a terminar sin acceso al crédito o los bancos van a tener que cerrar las posibilidades de ofrecer préstamos cuando detecten anomalías.
En los últimos años se ha observado un crecimiento acelerado de los clientes acogiéndose a insolvencias, entre 2023 y 2024 un crecimiento de 64%, según cifras del Sistema de Información de Centros de Conciliación del Ministerio de Justicia.
Y en los primeros 10 meses de 2025 ya se observa un aumento de 46% frente al mismo periodo de 2024, evidenciándose un cambio en la finalidad del proceso: el 52% pasa a liquidación y el 26% llega a acuerdo.
