Bloomberg Línea — El Bank of America se unió al coro de entidades financieras que han manifestado su preocupación sobre la situación fiscal de Colombia, luego de que se presentara el Plan Financiero a comienzos de febrero. Además, en una nota a inversionistas, expresó dudas sobre el plan tributario propuesto por la candidata presidencial Vicky Dávila, quien lidera en las principales encuestas.
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Los analistas del BofA (BAC), que estuvieron de visita durante dos días en Bogotá, advirtieron que los riesgos fiscales del país “parecen peores” de lo que pensaban tras reunirse con miembros del Gobierno de Gustavo Petro, políticos, expertos independientes y asociaciones empresariales.
La nota asegura que, a excepción de las entidades oficiales, parece haber un consenso en que la regla fiscal se violó el año pasado, por lo que la batalla fiscal para este año “está cuesta arriba”. Los analistas plantearon que este escenario abre riesgos para el tipo de cambio y la inflación, lo que podría tener impacto en la senda de la política monetaria del banco central.
Críticas a las transacciones extraordinarias
A principios de febrero, el Ministerio de Hacienda anunció que en 2024 el déficit fiscal fue del 6,8 % del PIB, muy superior al de 2023 (4,3 % del PIB) y al déficit de 5,6% del PIB que previamente habían estimado como consistente con la regla fiscal para 2024.
“El Plan Financiero de 2025 trajo malas noticias al mercado en febrero, con argumentos sin precedentes (mala suerte y errores de política) para flexibilizar la regla fiscal”, escribieron los analistas entre los que se encontraba Christian González, estratega de Mercados Locales para Latinoamérica del BofA.
El Ministerio justificó el cumplimiento de la norma si se consideraban ciertas transacciones extraordinarias. Sin embargo, para el banco, “la regla fiscal está perdiendo su significado” y criticó el uso de esa interpretación por parte del Gobierno.
“Ajustar los ciclos económico y petrolero es una práctica habitual para los economistas. Pero, definir ‘transacciones extraordinarias’ está demostrando ser subjetivo y sirve como excusa para altos déficits fiscales”, escribieron en la nota. Incluso, dijeron que ahora “la mala suerte se considera una transacción única”.
Entre las principales operaciones que el Gobierno justificó, se encontraban una caída en el impuesto de renta del sector carbón; una disminución en la renta de personas naturales; y un impacto de una sentencia del Consejo de Estado sobre deducciones tributarias, entre otros.
“Colombia nunca había experimentado una disminución de la recaudación tributaria durante un año con un crecimiento positivo del PIB, por lo que considera este evento altamente atípico como una transacción extraordinaria. Nuestra interpretación es que, en otras palabras, la ‘mala suerte’ ahora se considera una transacción extraordinaria”, dijeron.
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Asimismo, criticaron que el gobierno mencionara un decreto emitido en febrero de 2023 por el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que elevó significativamente los pagos anticipados del impuesto sobre la renta y las retenciones mensuales.
Esta medida adelantó la recaudación tributaria de 2024 a 2023, afectando los ingresos fiscales del año en curso. “Se podría decir que los ‘errores de política’ ahora también encajan en la definición del gobierno de ‘transacción única’”, criticaron desde el BofA.
El informe advierte que la reducción del déficit proyectada por el Gobierno para este año (5,1% del PIB) es optimista, ya que esperan “que el déficit del gobierno central se reduzca al 6% del PIB desde el 6,8% del año pasado”, lo que indica que el ajuste fiscal podría ser insuficiente.
El Consejo Fiscal Autónomo también ha advertido sobre la necesidad de un ajuste de COP$46 billones (2,6% del PIB) para cumplir con la regla fiscal en 2025. El martes, hubo incertidumbre en los mercados, con el peso colombiano cayendo, tras rumores de una salida del ministro de Hacienda, Diego Guevara, por diferencias en el manejo de las cuentas fiscales.
El plan tributario de Vicky Dávila se ve difícil
Los analistas del banco también revisaron el panorama político, en medio de la discusión de las reformas del Gobierno y la campaña presidencial de las elecciones que se realizarán el próximo año.
Sobre el plan tributario de Vicky Dávila, la candidata que encabeza las encuestas, resaltaron que se plantea una reforma económica basada en principios libertarios, con medidas orientadas a reducir el tamaño del gobierno, fomentar la producción de petróleo y gas, y modificar el sistema tributario con la propuesta conocida como el “10-10-10″ (10% para el impuesto sobre la renta corporativa, para el impuesto sobre la renta y un impuesto de 10% al consumo, en reemplazo del IVA).
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“El plan es favorable al mercado, pero difícil de implementar. México intentó un impuesto fijo hace más de 10 años (llamado ‘IETU’), pero luego lo canceló“, escribieron. Además, consideraron que el IVA es superior a un impuesto sobre las ventas “porque evita el efecto cascada y proporciona mayor trazabilidad para combatir la evasión”.
Para Lisandro Junco, exdirector de la dirección de impuestos y quien pertenece al consejo de asesores de Dávila, quien gane las elecciones el próximo año va a recibir el país “con una enorme crisis fiscal”, por lo que el equipo de la candidata plantea una estrategia para resolver los problemas con medidas “urgentes y estratégicas, que sean innovadoras”.
Junco aseguró que la propuesta ha analizado estrategias de tax flat en países como Estonia, Latvia, Lituania y, en América Latina, en Paraguay, pero no se han guiado por el ejemplo en el caso de México.
“El 10 no es tener las mismas reglas, por ejemplo, en el impuesto de renta o en el impuesto de personas naturales. Es tributar sobre los ingresos con deducibilidades que sean eficientes y evitar deducibilidades ociosas. No es el mismo impuesto de la renta como está hoy concebido”, le dijo a Bloomberg Línea.
Además, Junco defendió la idea de cambiar el impuesto a las ventas por un impuesto al consumo, porque considera que da mayor recaudo.
“No hay que olvidar que las cifras altas de evasión en el país son de IVA. No es cierto lo que dice Bank of America, de que el impuesto de valor agregado, es mejor tenerlo en cascada, es decir como está, porque haya mayor trazabilidad y se puede evitar la evasión. No es cierto. La mayor evasión hoy en día en Colombia está en el IVA”, agregó.
Junco aseguró que no creen que la propuesta sea difícil de implementar, porque “Colombia ya hizo un test y ese test se llama el régimen simple de tributación, en donde hoy más de 150.000 empresarios que antes no tributaban están tributando en el año 2024 cerca de COP$3 billones”.
El asesor dijo que las cifras que manejan muestran un mayor recaudo para Colombia y una simplificación del sistema tributario.
Por otro lado, el informe del BofA también menciona el contexto político de Colombia, resaltando la propuesta del Gobierno de convocar a una consulta popular tras la caída de la reforma laboral y el posible hundimiento de la de salud.
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No obstante, se señala que esta estrategia podría fracasar, ya que “requiere una participación mínima de 13,5 millones de personas, mientras que el presidente Petro ganó las elecciones de 2022 con 11 millones de votos”.
Decisiones del Emisor
El informe también analiza el efecto de la situación fiscal sobre la política monetaria. Los analistas del BofA “esperan que la decisión de marzo esté dividida (4 frente a 3)” y haya una pausa dentro del Banco de la República, ya que las recientes alzas en la inflación y las preocupaciones fiscales podrían retrasar la reducción de tasas de interés.
Sin embargo, el banco central podría retomar los recortes a partir de abril, con una tasa terminal del 7% prevista para mediados de 2026.
A pesar de los riesgos fiscales, el informe de BofA proyecta que el PIB de Colombia crecerá un 2,6% en 2025 y un 2,8% en 2026.
Señalan que “los factores que impulsan el crecimiento del PIB deberían compensar con creces el lastre fiscal”, entre los que destacan una menor inflación (lo que impulsaría los salarios reales), tasas de interés más bajas y un aumento en las remesas enviadas por trabajadores en el exterior.
