Bloomberg — Las nuevas detenciones en el marco de una amplia investigación sobre corrupción en Colombia hacen que la importante reforma de las pensiones del presidente Gustavo Petro corra un riesgo aún mayor de ser anulada por los principales jueces del país.
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La investigación, que se centra en acusaciones de sobornos a legisladores para garantizar el apoyo del Congreso a la agenda de Petro, emitió la semana pasada órdenes de arresto en contra de Iván Name y Andrés Calle, ex presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
Incluso, antes de sus detenciones, los expertos advertían que era probable que la Corte Constitucional de Colombia anulara la reforma de las pensiones porque el Gobierno se apresuró a aprobarla en la Cámara Baja sin debate para cumplir un plazo legislativo. Las acusaciones de corrupción no hacen sino aumentar esa probabilidad.
“El riesgo es mayor ahora”, dijo Mario Gómez, socio gerente para Colombia de la consultora Prospectiva Public Affairs Lat.Am. “Se enfrenta a este escenario muy complejo de que su legitimidad quede en entredicho en un momento en el que ya estaba en riesgo dados los defectos de procedimiento”.
Conseguir la aprobación para aumentar el control estatal del sistema de pensiones del país andino es el más significativo de los pocos logros importantes de Petro desde que se convirtió en el primer presidente de izquierdas de Colombia en 2022. Su rechazo en medio de acusaciones de irregularidades sería un duro golpe, teniendo en cuenta que fue elegido en parte con la promesa de acabar con la corrupción.
El juez que dirige el estudio de la reforma de las pensiones por parte de la Corte Constitucional solicitó copias de los expedientes penales, incluidos los testimonios de legisladores y funcionarios del Gobierno, después de que Name y Calle fueran detenidos, según un documento judicial.
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El ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los aliados más cercanos de Petro, también se ha visto implicado en la investigación, ya que un antiguo colaborador le acusó de conocer el plan de corrupción. Bonilla rechaza la acusación y ha negado haber cometido delito alguno.
Si el tribunal considera que el soborno influyó en el proceso de aprobación, puede invalidar la reforma de las pensiones antes de que entre en vigor el primero de julio. La ley crea un programa para ampliar los subsidios a los colombianos de edad avanzada que viven en la pobreza y elimina la competencia entre los sistemas de pensiones público y privado.
También crea un fondo de ahorro para pagar las futuras compensaciones de pensiones, que será gestionado por el Banco Central.
Si el tribunal falla en contra de la reforma de las pensiones, «eso llevará a una nueva radicalización del presidente», dijo Jorge Restrepo, director del grupo de investigación política CERAC, con sede en Bogotá. “El gobierno está desorganizado”.
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