Bloomberg Línea — La Sala de Decisión Novena del Consejo de Estado de Colombia admitió para su estudio una demanda que busca la pérdida de investidura, o “muerte política”, de la senadora María José Pizarro Rodríguez y su hermana, la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, ambas del Pacto Histórico, la coalición de partidos y movimientos que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022.
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La acción judicial anunciada se basa en que ambas presuntamente violaron el régimen de inhabilidades al ser elegidas en los mismos comicios, siendo familiares en segundo grado de consanguinidad.
Esta medida, interpuesta por la ciudadana Nidia Esperanza Márquez Monroy, pidió declarar la desinvestidura de las dos congresistas al considerar que infringieron la causal descrita en el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución Política, el cual establece que no podrán ser congresistas quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, unión permanente o parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, cuando se inscriban por el mismo partido para cargos que deban elegirse en la misma fecha.
Tras conocerse la admisión de la demanda que busca la pérdida de su investidura, la congresista colombiana María del Mar Pizarro respondió públicamente a través de su cuenta en X este jueves: “Tres veces han demandado nuestra curul y tres veces hemos prevalecido, esta será la cuarta. No tenemos ninguna duda de que nuestra elección y nuestro ejercicio político ha sido siempre legítimo y transparente.”
¿Qué significa la ‘muerte política’?
En el documento con fecha del 25 de agosto se lee que “las señoras María del Mar Pizarro García y María José Pizarro Rodríguez son hermanas al ser hijas del señor Carlos Pizarro Leongómez", asesinado en abril de 1990, cuando era candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.
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Las hermanas “se inscribieron por el mismo partido para la elección de miembros de Corporaciones Públicas, es decir, para las Elecciones Parlamentarias, realizadas en la misma fecha, esto es el 13 del mes de marzo del año 2022”, indica el documento.
El Consejo de Estado encontró que los hechos descritos en la demanda están claramente establecidos, por lo que decidió admitir la acción de pérdida de investidura.
La “muerte política” de las dos congresistas significaría la salida definitiva de los cargos que ocupan actualmente y quedar inhabilitadas para ocupar cargos públicos en el futuro.
Sin embargo, las congresistas cuentan con cinco días hábiles para responder a los señalamientos, mientras que la Procuraduría General de la Nación pueda emitir un concepto dentro del proceso.
Aunque todavía no se conocen los detalles específicos de los hechos que sustentan la demanda, el caso ha generado amplio interés por tratarse de dos figuras visibles dentro del oficialismo.
Este mes, el Consejo de Estado ya había negado una demanda similar, que buscaba la pérdida de investidura de 28 congresistas del Pacto Histórico, incluyendo a María José Pizarro, por presunta inhabilidad por conflicto de intereses al presentar una reforma política. No obstante, esta nueva demanda se centra específicamente en la relación familiar entre las dos congresistas y su inscripción por el mismo partido político.
Por otra parte, la admisión de la demanda podría afectar la precandidatura presidencial de María José Pizarro, quien ya confirmó su participación en la consulta interna del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre, junto a figuras como Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Susana Muhamad.
