Bloomberg Línea — La justicia colombiana encontró a Álvaro Uribe Vélez culpable de dos delitos (fraude procesal y soborno en la actuación penal), una decisión tomada en el marco de un proceso penal que le agrega condimentos a la tensa relación que arrastran los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Estados Unidos, Donald Trump.
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“Es posible que dependiendo de lo que determine el fallo en segunda instancia haya algún tipo de retaliación o por lo menos medidas del gobierno de los Estados Unidos”, dice Carlos Arias, analista político y gerente de Estrategia y Poder.
En la retina está el caso contra Jair Bolsonaro en Brasil. El Gobierno Trump anunció el nueve de julio que impondría aranceles del 50% a todas las exportaciones de Brasil hacia Estados Unidos a partir del primero de agosto y justificó esta medida como represalia por el juicio a Bolsonaro, al que calificó de “caza de brujas” y lo vinculó con alegatos de injusticia política.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, manifestó su respaldo al expresidente Uribe y rechazó el uso del aparato judicial contra adversarios políticos.
Algunos congresistas estadounidenses ya habían advertido que en Colombia podría ocurrir algo similar contra Uribe Vélez.
Bernie Moreno, senador republicano, dijo tras la decisión contra Bolsonaro el pasado 10 de julio, que “Colombia necesita detener el uso de su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe. Es un camino muy peligroso para quien debería ser uno de los principales aliados de Estados Unidos en Latinoamérica”.
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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó enérgicamente la iniciativa de Trump, calificándola de chantaje e inaceptable, y defendió la soberanía e independencia judicial de Brasil.
Algo similar sucedió con el presidente Petro, quien advirtió en su cuenta de X, que “Colombia no se chantajea” en respuesta a un artículo del diario colombiano El Espectador, que decía que “congresistas de Washington y Bogotá piden medidas contra Colombia similares a las impuestas a Brasil por el caso Bolsonaro, argumentando que el proceso contra Uribe es ‘de carácter político’“.
Aliados políticos de Uribe Vélez, como la senadora Paloma Valencia, han denunciado el uso de la justicia para “venganzas políticas”, y advirtió un “precedente peligroso”.
“Judicializar expresidentes no puede convertirse en herramienta política. La democracia no se defiende destruyendo a quien fue elegido por millones”, dijo Valencia.
Del mismo modo, adversarios políticos del expresidente colombiano entre 2002 y 2010, como Gustavo Bolívar, han enfatizado en que la decisión de la jueza es una “victoria del Estado”.
“Hoy gana el Estado y su aparato de justicia. Una justicia que no debe arrodillarse a ningún poderoso de la política, la prensa o el poder económico”, dijo el precandidato presidencial de Pacto Histórico.
Arias, analista de Estrategia y Poder, agrega que “en esta primera instancia determinada por la jueza, no creo que haya ningún tipo de retaliación por parte del gobierno de Estados Unidos”, sin embargo, aseguró que será clave lo que suceda en adelante.
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“Las medidas impuestas al gobierno de Gustavo Petro y las declaraciones del secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, efectivamente sí plantean una posición clara alrededor de lo que está sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro”, dijo Arias.
Petro por su parte, advirtió que “es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia” en respuesta a una historia de Caracol Radio, que reportó que “la Corporación de Jueces y Magistrados colombiana solicitó al Consejo Superior de la Judicatura y a las autoridades competentes, brindar protección personal a la juez 44, Sandra Heredia", que lleva el caso de Uribe Vélez.
Leña al fuego
La relación de Colombia y Estados Unidos viene en deterioro desde inicios del 2025 cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca tras ganar la elección presidencial de noviembre de 2024.
El primer enfrentamiento entre los presidentes estuvo ligado a la política migratoria de EE. UU. cuando deportó un grupo de ciudadanos colombianos que Petro se rehusó a recibir por las “condiciones” en las que fueron repatriados.
Tras intercambiar sanciones y aranceles de retaliación, la discusión se zanjó con el compromiso de Colombia a recibir sin restricción los deportados desde Estados Unidos, medida que Colombia condicionó, según Petro, a que esto se hiciera en condiciones humanitarias.
Las polémicas entre los mandatarios han continuado. Más recientemente, tras el “Día de la Liberación”, Colombia estrechó lazos con los BRICS, una decisión Estados Unidos “evaluará” y de considerarla como una política “antiamericana” podría tomar decisiones contra el país.
En septiembre, Estados Unidos anunciará si revalida o retira la certificación de Colombia como aliado en la lucha conta las drogas. Desde el país norteamericano han llegado advertencias por el creciente aumento de los cultivos de uso ilícito y la falta de acción de parte del gobierno.
Más recientemente el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó un reporte que acompaña su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026 en el que incluye muy fuertes críticas contra el Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y expresa su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en Colombia.
Entre otras cosas, cita el “consumo de drogas entre altos miembros del Gobierno”, el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay y el proceso que se le adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Sobre la propuesta presupuestaria el reporte publicado por El Tiempo precisa que a Colombia se le entregarían unos US$209 millones para el año fiscal 2026 enfocado en la lucha contras las drogas y otros programas de seguridad y desarrollo: US$67 millones para Seguridad Nacional, US$103 millones para narcotráfico y unos US$38 millones para las fuerzas armadas.
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Establece que habrá una reducción del 50% de todos los fondos no dirigidos a asuntos relacionados con seguridad, en comparación a lo que se aprobaron para el año fiscal 2025 cuando Colombia venía recibiendo de Estados Unidos en promedio unos US$400 millones.
