Bloomberg Línea — El Gobierno presentó su tercera reforma tributaria con la meta de recaudar cerca de COP$26 billones, una cifra ambiciosa en medio de un déficit creciente. Sin embargo, más allá del monto proyectado, analistas coinciden en que la iniciativa carece de un enfoque estructural y reproduce viejos vicios del sistema colombiano: alta carga sobre las empresas, presión al consumo y medidas cuestionadas por su impacto regresivo.
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“Esta no es una reforma que mejore realmente el estatuto o la estructura tributarios del país; es una reforma que busca recursos, punto”, dijo Mauricio Piñeros, Country Chair de Pérez-Llorca, Gómez Pinzón, al referirse a la iniciativa.
De acuerdo con Piñeros, el proyecto repite el patrón de reformas anteriores al concentrarse en medidas de fácil recaudo, sin atender problemas de fondo como la informalidad, la evasión y la dispersión normativa.
En su concepto, las disposiciones más controvertidas incluyen la ampliación del impuesto al patrimonio, el incremento de tarifas marginales para personas naturales y la creación de cargas adicionales para sectores estratégicos como el financiero.
La propuesta también busca gravar de manera más amplia el consumo, desde bebidas alcohólicas hasta gasolina, mientras se reduce la posibilidad de deducciones en el impuesto de renta personal. Aunque algunos puntos apuntan a ensanchar la base del IVA, el debate político limita la posibilidad de una generalización completa de este impuesto, pese a que expertos lo consideran necesario para lograr progresividad.
Golpe a la clase media
Uno de los apartados más polémicos es la reducción del umbral para pagar impuesto al patrimonio. Actualmente aplica a patrimonios superiores a COP$3.800 millones, pero la reforma lo baja a poco menos de COP$2.000 millones.
“Eso golpea fuertemente a la clase media. Un apartamento de estrato cuatro o cinco más un vehículo pueden fácilmente alcanzar esa cifra”, señaló Piñeros. En su opinión, lejos de concentrarse en los más ricos, esta modificación extiende la carga tributaria a familias que han construido su patrimonio a través del ahorro y la vivienda.
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El vocero considera que el impuesto al patrimonio es antitécnico y regresivo, porque no distingue la liquidez real de los activos. Una persona con un inmueble de alto avalúo catastral podría quedar gravada pese a no tener ingresos líquidos para cumplir con la obligación.
Personas naturales bajo presión
El texto plantea que la tarifa marginal de renta para personas naturales llegue hasta el 41%, junto con la eliminación de beneficios como las deducciones por dependientes y el descuento del componente inflacionario en rendimientos financieros.
“Eliminar el ajuste inflacionario significa que se grava una ganancia ficticia. Es empobrecer a los ahorradores y desincentivar la inversión”, advirtió Piñeros. Para él, medidas de este tipo terminan castigando a asalariados formales y ahorradores, mientras la informalidad y la evasión siguen sin resolverse.
La ampliación de la base del IVA también preocupa. Aunque Piñeros reconoce que un IVA más generalizado es técnicamente correcto, recuerda que fue justamente una propuesta de este tipo la que desató las protestas contra la reforma del exministro Alberto Carrasquilla en 2021.
Empresas y competitividad
El capítulo empresarial concentra varias de las críticas más duras. La reforma incluye una sobretasa permanente al sector financiero que llevaría la carga efectiva de renta corporativa hasta el 50%, la más alta de la OCDE y de la región.
“Es absolutamente absurdo. Colombia ya tiene la tasa de renta corporativa más alta del mundo. Gravar a bancos y aseguradoras al 50% y, además, eliminar beneficios para dividendos, hace inviable la inversión privada”, afirmó Piñeros.
El experto explicó que, con la reforma, los dividendos pagados a inversionistas extranjeros podrían estar sujetos a un impuesto del 30%, sin posibilidad de descuento, lo que sumado al impuesto corporativo eleva la carga hasta niveles “casi expropiatorios”. Esta combinación, a su juicio, puede desalentar la llegada de capital extranjero y reducir la competitividad del país en comparación con pares como México, Perú o Chile.
Comparaciones con reformas pasadas
Aunque la iniciativa tiene puntos en común con la fallida reforma de 2021, Piñeros subraya una diferencia clave: el alcance en la generalización del IVA. La propuesta de Carrasquilla fue más ambiciosa en ampliar la base, lo que detonó una crisis política. La actual avanza de forma más limitada, pero sigue el mismo espíritu de ensanchar el recaudo por consumo.
La crítica central es que, en ambos casos, la estrategia responde a una necesidad inmediata de recursos y no a un rediseño profundo del sistema. La informalidad, que supera el 50% en algunas regiones, y la evasión tributaria, calculada en varios puntos del PIB, siguen sin abordarse con medidas efectivas.
Riesgos para el ahorro y la inversión
Más allá de las tarifas, Piñeros alerta sobre señales que pueden deteriorar la confianza en el sistema. La eliminación del componente inflacionario en rendimientos financieros es, según él, un “sesgo contra el ahorro” que afecta a millones de colombianos con depósitos en cuentas, CDT o fondos de inversión colectiva.
“Al final, no termina gravando a los más ricos, sino a quienes apenas logran ahorrar. Es una medida que desestimula el ahorro formal y puede empujar más recursos a la informalidad”, sostuvo.
En el caso de las ganancias ocasionales, la reforma plantea que los activos fijos poseídos menos de cuatro años tributen como renta ordinaria y no como ganancia ocasional, lo que eleva la carga impositiva en transacciones inmobiliarias o empresariales. Aunque Piñeros considera que esta decisión responde más a una lógica de política fiscal que a criterios técnicos, advierte que puede encarecer operaciones clave para la inversión.
Un panorama incierto
Las medidas de la reforma, en conjunto, buscan un mayor recaudo inmediato para aliviar la situación fiscal del país. Sin embargo, el costo económico y político puede ser elevado. La presión sobre empresas, inversionistas y clase media se suma a un contexto de bajo crecimiento y persistente déficit, lo que abre dudas sobre la sostenibilidad de las medidas.
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De prosperar en el Congreso, Colombia consolidaría uno de los sistemas tributarios más gravosos de la región, con una combinación de altas tarifas corporativas, impuestos al patrimonio y una mayor carga sobre el consumo.
Para Piñeros, la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿cómo lograr un sistema que promueva inversión, equidad y formalización sin sacrificar el recaudo?
