Bloomberg Línea — Colombia se acerca a una encrucijada energética: la pérdida de autosuficiencia en gas, el retraso en proyectos de generación eléctrica y el deterioro fiscal plantean un panorama crítico que amenaza con encarecer la energía, expulsar inversión y comprometer la competitividad del país.
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“Si el precio proyectado del kWh sigue disparado, por cuenta del gas natural importado, muchas empresas se trasladarán y otras no invertirán en Colombia”, advirtió Camilo Prieto, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana quien, además, dice que “persistir en la renuncia al gas nacional para darle abrazos al importado es un error con efectos económicos y ambientales”.
Los riesgos que hoy enfrentan los consumidores y las empresas son resultado de una combinación de factores: un sector minero-energético en declive, menor producción nacional de hidrocarburos, demoras regulatorias y pasivos financieros acumulados en la cadena de energía.
Según el centro de pensamiento ANIF, Colombia podría enfrentar desabastecimiento hacia 2028, con precios de gas que ya se triplicaron y un déficit financiero del sector superior a los COP$5,9 billones.
Dependencia creciente
Un informe de ANIF alerta que Colombia sólo tendría cobertura contractual del 70% en gas hacia 2026, lo que significa que la demanda proyectada no está asegurada.
El precio del gas importado alcanzó los US$15,4 por millón de BTU, más de 200% por encima del promedio histórico.
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El encarecimiento del gas crea un efecto cascada en la electricidad. Dado que el 70% de la generación depende de hidroeléctricas, cuando la hidrología falla, las plantas térmicas a gas deben entrar en operación. Con precios elevados, el costo final de la electricidad se dispara y agrava la inflación.
Un sector en marchitamiento
El diagnóstico no es alentador. El profesor Sergio Cabrales recuerda que “el sector minero-energético pasó de representar el 15% del PIB en 2011-2012 a sólo el 9% en 2024. La participación del petróleo y el gas en la economía nacional se redujo de un promedio histórico de 4,83% entre 2005 y 2022 a 2,66% en 2024, evidenciando un retroceso significativo”.
La minería ha seguido la misma tendencia, mientras que la energía eléctrica aumentó su peso en el PIB hasta 2,91%. Si bien esto refleja un avance de las renovables y la hidroelectricidad, también revela una dependencia más vulnerable a sequías y fenómenos climáticos extremos.
Fantasma recurrente
El escenario de riesgo no es nuevo. Desde hace años, ANIF y otros analistas han advertido sobre los fantasmas de apagones en Colombia.
Hoy, el país enfrenta retrasos de hasta 6,4 años en proyectos de generación y transmisión. Apenas el 25% de la capacidad programada entre 2020 y 2028 ha logrado conectarse, dice ANIF.
El rezago obedece menos a problemas técnicos y más a cuellos de botella regulatorios y ambientales. Entre el 70% y el 75% del tiempo de ejecución se consume en trámites de licenciamiento, consultas previas y permisos, lo que desincentiva la inversión privada, según ANIF.
Dilema fiscal
El declive de la producción de hidrocarburos afecta directamente las cuentas públicas. En 2023, el sector minero-energético aportó el 22% del recaudo del impuesto de renta de personas jurídicas, con el petróleo representando el 70% de ese total, según cifras oficiales.
Con menor producción, la vulnerabilidad fiscal aumenta. Paralelamente, las deudas acumuladas por subsidios energéticos y mecanismos de opción tarifaria superan los COP$5,9 billones. El caso más crítico es el de la distribuidora Air-e, con pasivos de COP$2,2 billones.
Competitividad en juego
El riesgo de perder inversión industrial es real. Para Camilo Prieto, profesor de la Javeriana, la ecuación es clara: “Muchas empresas se trasladarán y otras no invertirán en Colombia” si los precios de la energía continúan al alza. La advertencia coincide con los escenarios planteados por ANIF: la electricidad ya acumula un alza del 68% desde 2020, golpeando con más fuerza a regiones como la costa Caribe.
Sectores intensivos en consumo energético, como el cemento, el acero y los químicos, evaluarían escenarios de sustitución de gas por carbón o incluso el traslado de operaciones a países con marcos regulatorios más predecibles.
Transición pragmática o crisis
El consenso de los expertos es que la transición energética debe ser pragmática. Negarse a explotar los recursos propios acelera la dependencia de importaciones, eleva el déficit fiscal y reduce la competitividad.
ANIF sugiere tres ejes de acción: destrabar proyectos de generación y transmisión, garantizar reglas de juego claras para inversionistas y sanear las finanzas del sistema.
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“La política energética debe armonizar las metas climáticas con la necesidad de garantizar ingresos fiscales y un suministro confiable de energía”, señala el centro de estudios.
Colombia se encuentra en una encrucijada. La combinación de rezagos en infraestructura, caída en la producción nacional y dependencia creciente del gas importado pone en riesgo no solo la seguridad energética, sino también la estabilidad macroeconómica.
Como advirtió Daniela Mercado, la socia de DM Energy Consulting, las empresas enfrentan la disyuntiva de mudarse o cambiar de energético. Y como remarcó Prieto, insistir en depender del gas importado sería “un error con efectos económicos y ambientales”.
Los expertos consultados concluyen que el país debe optar por una transición ordenada y pragmática, que combine recursos fósiles y renovables en el corto plazo, y no un salto apresurado hacia la importación, que podría dejarlo sin competitividad, con más pobreza energética y ante el fantasma cada vez más real de un apagón.
