Bloomberg Línea — Con 1.666 incidentes registrados en 2024, Colombia se ubica como el país con más protestas políticas de Sudamérica, por encima de Brasil, Chile y Perú.
Así lo revela el estudio de Allianz Commercial ‘Tendencias de la violencia política y los disturbios civiles en 2025′, que posiciona al país cafetero en la decimosexta posición a nivel global.
Carlos Arias, doctor en psicología política de la Universidad Católica de Colombia y gerente de la firma Estrategia & Poder, le dijo a Bloomberg Línea que dichos resultados confirman que el país vive en una polarización en la que el ejercicio del diálogo y la inclusión de la mirada del otro se ha perdido.
“Esa deslegitimación seguramente también está influenciada por el discurso del jefe de Estado, que en muchas oportunidades ha deslegitimado a la oposición. Así como de los opositores, que estando en el Congreso olvidan los argumentos y la crítica se centran en la personalidad del gobernante”, explicó Arias.
A lo que agregó que lo grave de este tipo de fenómenos es que las protestas terminan en violencia y que en Colombia haya aumentado el número de defensores de derechos humanos que han sido asesinados, “haciendo que el desplazamiento no solamente de esos líderes sino de comunidades enteras, se vuelva a presentar como hace 15 años”.
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El informe en mención evidencia también que Colombia supera ampliamente el promedio regional en percepción de riesgo político: el 63% de las empresas identifica la agitación civil como su amenaza principal; el 48% menciona actos de terrorismo o sabotaje; y el 47% considera la polarización social como un riesgo relevante para sus operaciones.
“La violencia política en Colombia no es una posibilidad remota”, dice Esteban Delgado, director de Allianz Commercial Colombia. “Es un escenario que las empresas deben anticipar, evaluar y gestionar con responsabilidad. Tener un plan de continuidad, protocolos de seguridad y coberturas especializadas es una necesidad para cualquier organización con visión de largo plazo”.
Una amenaza creciente para las empresas
El estudio concluye que la violencia política y el malestar social no sólo afectan a gobiernos e infraestructuras críticas, sino a empresas de todos los tamaños y de sectores como energía, manufactura, retail, tecnología y agroindustria.
Las repercusiones incluyen desde interrupciones en las cadenas de suministro hasta pérdidas económicas por daños físicos, cierres forzados, bloqueos o ataques directos a instalaciones.
Las organizaciones que incorporan en sus matrices de riesgo factores como la polarización, los disturbios y el sabotaje, pueden reaccionar de forma más ágil y minimizar impactos financieros, dice el estudio.
Latinoamérica, en alerta creciente
La aseguradora también revela que América Latina está por encima del promedio global en percepción de riesgo por disturbios sociales: en la región, el 59% de las empresas considera la violencia civil como su principal amenaza (frente al 51% a nivel global).
En países como Argentina, Brasil, México y Perú, los picos de tensión han coincidido con periodos de alta incertidumbre electoral o conflictos sociales prolongados.
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En el caso colombiano, los eventos de 2021 y 2022, que académicos y periodistas llamaron el estallido social, dejaron lecciones claras sobre la fragilidad de ciertas operaciones empresariales frente a escenarios de protesta prolongada.
A pesar de los esfuerzos institucionales por preservar el orden público, el documento advierte que la percepción de polarización, inestabilidad e inseguridad sigue creciendo, lo cual podría tener un efecto disuasorio en decisiones de inversión.
Entre las acciones que pueden emprender las compañías ante este panorama están: evaluar sus vulnerabilidades frente a disturbios civiles, vandalismo, terrorismo o disrupciones políticas; actualizar sus planes de continuidad de negocio; e implementar estrategias de comunicación de crisis y seguridad física.
