Bloomberg — El gobierno de Colombia emitió un decreto que busca obligar a las centrales hidroeléctricas a vender más energía a través de contratos a más largo plazo en lugar de su entrega inmediata, en un intento por reducir los costos para los hogares.
“El objetivo es que ningún colombiano pague precios más altos por especulación o volatilidad en el mercado spot”, dijo el ministro de Energía, Edwin Palma, en un comunicado enviado por su despacho.
La Comisión Colombiana de Energía y Gas (CREG) tendrá tres meses para implementar mecanismos que aseguren que al menos el 95% de la energía vendida por las centrales hidroeléctricas sea a través de contratos, según el comunicado.
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Desde que asumió el poder en 2022, el presidente Gustavo Petro ha tratado de reducir drásticamente las facturas de electricidad de los hogares, especialmente en la costa caribeña de Colombia, donde los usuarios se quejan de los elevados costos. Hasta ahora, esas medidas han sido bloqueadas por los tribunales y es probable que este decreto más reciente también se enfrente a recursos legales, según Alejandro Lucio, director de la consultora energética Óptima Consultores, con sede en Bogotá.
Hasta septiembre, el Gobierno debe a las distribuidoras de energía casi 6 billones de pesos (US$1.600 millones) por tarifas no cobradas a los hogares durante la pandemia y por subsidios que no han sido reembolsados, según Asocodis, la asociación que las representa. Esa deuda ha dejado a las distribuidoras en riesgo de cierre, incluida Air-e, que opera en la costa caribeña de Colombia y fue intervenida por el organismo de control de los servicios públicos del país el año pasado.
Al obligar a las empresas hidroeléctricas a firmar contratos con las distribuidoras, incluso con las que se consideran de riesgo, los hogares pueden acabar pagando más, ya que las facturas de servicios públicos incorporarán una prima de riesgo más alta, dijo Lucio.
Además, en condiciones meteorológicas normales, cuando no hay sequías, los precios de la energía en el mercado al contado suelen ser inferiores a los fijados por contrato, añadió.
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Por otra parte, la administración Petro planea presentar al Congreso un proyecto de ley de energía que incluye una propuesta para que los hogares y empresas de mayores ingresos asuman la deuda que tiene el Gobierno con las distribuidoras de energía por las tarifas no cobradas durante la pandemia. Entre otros cambios, también busca ajustar los criterios para la elección de los miembros de la CREG.
Tras retrasar varias veces la fecha en que tiene previsto presentar el proyecto de ley a los legisladores, el Ministerio de Energía ha dicho que presentará la reforma el 21 de octubre.
Los analistas de Credicorp Capital Steffania Mosquera y Juan Felipe Becerra escribieron en un informe de julio que no ven una alta probabilidad de que el proyecto de ley sea aprobado. Requeriría un proceso que es “largo y políticamente complejo”, especialmente antes de las elecciones presidenciales del próximo año, escribieron.
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