Bloomberg — Una ola de atentados terroristas en Colombia ha reavivado el temor a un retorno a los oscuros años 90, cuando los cárteles de la cocaína y las guerrillas convirtieron al país andino en uno de los más violentos del mundo.
Los secuestros con fines de extorsión se han más que duplicado en lo que va del año, los asesinatos de miembros de las fuerzas armadas han aumentado un 195% y los grupos narcotraficantes, antes confinados a zonas remotas, se han infiltrado en áreas que solían ser seguras, extorsionando empresarios y sembrando el miedo.
Y eso fue antes del ataque más brutal contra una figura política de alto rango en décadas.
En los días posteriores al atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe, quien recibió un par de disparos en la cabeza por parte de un adolescente en Bogotá el sábado, al menos 24 atentados —principalmente con explosivos— han sacudido el suroeste del país, dejando al menos siete muertos y numerosos heridos.
En la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, enfrentamientos entre facciones guerrilleras rivales causaron al menos seis muertes.
En uno de los ataques, los agresores colocaron explosivos a un empleado bancario en la localidad de Ábrego, según reportes locales. La escalada forma parte de una guerra territorial más amplia que ha desplazado a más de 65.000 personas desde enero.
“Duele volver a sentir esa angustia y esa impotencia que generan estos actos de violencia”, dijo Consuelo Ramírez, abogada de 48 años, que era una niña cuando fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. “Revivir esa sensación es muy, muy difícil”.
A finales de los 80 y durante los 90, Colombia vivió una era de violencia sin precedentes, marcada por ataques contra figuras políticas, infraestructura y civiles. En el centro del conflicto estaban los poderosos cárteles de la droga, como el de Medellín, liderado por el capo Pablo Escobar, que declaró la guerra al Estado para evitar su extradición. Aquella época se caracterizó por atentados con bombas, secuestros y asesinatos de candidatos como Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.
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La falta de respuesta efectiva del presidente Gustavo Petro ha disparado la incertidumbre. Su discurso del sábado, retrasado más de una hora, no logró calmar a la población ni evidenciar control sobre la situación. Divagó hasta cerca de la medianoche, citando a Hegel, Freud y la herencia libanesa de la madre de la víctima.
Desde entonces, Petro ha publicado mensajes en X, que mezclan datos sobre los atentados con acusaciones de que sus opositores buscan descarrilar su agenda política.
“No está a la altura de las circunstancias en un momento en que los colombianos temen volver a los peores años de la violencia”, dijo Geoff Ramsey, investigador del Atlantic Council. “Actúa más como un espectador en redes que como jefe de Estado”.
Grupos guerrilleros y bandas criminales han aprovechado la falta de acción militar durante el mandato de Petro, quien desde su llegada en 2022 busca una “Paz Total” mediante negociaciones con actores armados. Sin embargo, estas conversaciones no han generado desmovilizaciones significativas.
Ramsey añadió que las fuerzas de seguridad carecen de lineamientos claros: “En algunas zonas negocian con ellos y en otras los combaten”.
Esto afectará directamente al panorama político, con la primera vuelta presidencial prevista para mayo.
Según la encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada en mayo, el 40% de los colombianos identifica la inseguridad y el narcotráfico como los principales problemas. Además, el 42% considera muy probable un aumento de ataques o intentos de asesinato ligados a grupos criminales.
La contienda presidencial sigue abierta. Una media ponderada recopilada por La Silla Vacía ubica a Gustavo Bolívar al frente con 11,7%, seguido por Vicky Dávila y Sergio Fajardo. Aun así, un 15% planea votar en blanco o abstenerse, lo que refleja la frustración generalizada y la volatilidad política.
Las elecciones legislativas del próximo año también corren alto riesgo. Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, advirtió que garantizar la seguridad de 1.800 candidatos, especialmente en zonas rurales sin presencia estatal, supera las capacidades del Gobierno.
“El mayor riesgo es que los grupos ilegales decidan de facto quién puede hacer campaña”, dijo Guzmán. “Podríamos ver una situación similar a la de México, donde el narco influye en quién gana”.
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Hasta ahora, ningún grupo ha reivindicado el asesinato de Uribe ni la ola de atentados. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sugirió que ambos hechos podrían estar conectados, posiblemente con Iván Mordisco, excomandante de las FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016 y retomó la lucha armada.
El deterioro de la seguridad coincide con un momento crítico para las finanzas públicas.
La semana pasada, el Ministerio de Hacienda anunció que abandonará la regla que limita el gasto público, lo que elevó el escepticismo entre los inversores. El déficit fiscal alcanzó el 6,8% en 2024 y podría superar el 7% en 2025.
El peso colombiano ha caído un 1,6% desde el viernes, el peor desempeño entre las monedas emergentes en ese periodo. La prima de riesgo país también ha subido, en contraste con la tendencia de compresión en la región.
“El repunte de la violencia y el persistente ruido fiscal complican sin duda la relación riesgo-recompensa a corto plazo”, señaló Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital. “Si la depreciación continúa, se requerirá endurecer la política o asumir mayor erosión de credibilidad”.
El martes, unas 20 personas se reunieron frente al hospital Santa Fe de Bogotá, donde Uribe permanece en cuidados intensivos. En torno a un altar con flores, velas y oraciones, compartieron historias de traumas pasados que hoy resurgen.
La violencia no ha cesado. En Patía, en el departamento del Cauca, un coche bomba explotó el 10 de junio cerca del ayuntamiento, provocando destrozos. Ese mismo día, en Villa Rica, otro artefacto destruyó la comisaría local; un agente murió tras perder una pierna y otros cuatro resultaron heridos.
El miércoles, hombres armados atacaron una comisaría en Valdivia (Antioquia), matando a un policía e hiriendo a varios más.
“No veíamos una situación tan compleja desde hace 35 años”, dijo Néstor Fernández, abogado de 57 años, con un rosario entre las manos frente al hospital Santa Fe. “Esto recuerda los años más oscuros de Colombia”.
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