Bloomberg Línea — El sistema colombiano de licenciamiento para asesorías de inversión enfrenta un rezago regulatorio que lo deja por detrás de sus pares regionales.
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A diferencia de México y Chile, donde existen figuras más flexibles y excepciones que estimulan la competencia, el marco colombiano restringe el acceso a nuevos actores y reduce la diversidad de productos financieros disponibles para los inversionistas.
“Colombia queda rezagada por una puerta de entrada estrecha y poca arquitectura abierta, lo que reduce competencia, encarece la asesoría y limita diversidad y liquidez”, advierte un análisis del centro de estudios ANIF en el que destaca la necesidad de una revisión estructural del modelo actual.
En el país, la asesoría en inversiones sólo puede ser ofrecida por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, y las recomendaciones al cliente deben provenir de personas registradas en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, certificadas por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV).
Esto contrasta con los esquemas más flexibles de México y Chile, donde existen categorías de asesores independientes y excepciones que permiten mayor participación de profesionales y empresas con diferentes niveles de experiencia y alcance.
En México, por ejemplo, existe la figura del “asesor de inversiones independiente”, que puede ser persona natural o jurídica, siempre que cumpla con requisitos de neutralidad estructural frente a las entidades.
Además, el país contempla excepciones que permiten operar sin registro bajo ciertas condiciones. En Chile, el modelo es aún más versátil: los asesores pueden registrarse como personas naturales sin constituir sociedad, siempre que atiendan a un número limitado de clientes, lo que “permite que convivan asesores independientes y asesores que operan desde entidades ya fiscalizadas.”
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El estudio señala que la estructura colombiana concentra la asesoría dentro de las entidades vigiladas, lo que genera conflictos de interés, ya que muchos asesores también están vinculados a negocios de intermediación o pensiones.
“La independencia es sólo una modalidad dentro de esa entidad, con requisitos difíciles de cumplir”, advierte ANIF, al tiempo que enfatiza que el país no contempla rutas graduales de entrada que incentiven nuevos modelos de asesoría.
El impacto de esta rigidez se refleja en la dinámica del mercado local. El número de inversionistas activos en renta variable cayó cerca del 30% en 2023 frente a 2022, una señal de que la falta de opciones y la baja competencia afectan la profundidad del mercado y su capacidad para diversificar riesgos.
Entre las consecuencias más relevantes, ANIF identifica “menos diversidad de productos recomendados, costos de asesoría relativamente más altos por falta de escala y rivalidad, y menor liquidez en ciertos segmentos”.
Esto, a su vez, desalienta la innovación y puede empujar parte del ahorro hacia alternativas informales o de baja sofisticación.
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Para revertir este escenario, el centro de estudios propone tres líneas de acción: incorporar la figura del asesor independiente, aplicar una regulación proporcional al riesgo y adoptar licencias modulares que faciliten la entrada de nuevos actores.
