Bloomberg Línea — A once días de su votación, la consulta prevista para elegir el candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico sigue en pie, pero enfrenta un clima de incertidumbre tras la salida de uno de sus tres precandidatos y los cuestionamientos sobre su validez legal. Iván Cepeda y Carolina Corcho mantienen su candidatura, mientras el presidente Petro insiste en que el proceso no se detendrá.
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Así, la consulta interna prevista para el 26 de octubre, atraviesa su momento más crítico pues lo que comenzó como un mecanismo para definir el candidato único de la coalición de Gobierno con miras a las presidenciales de 2026, se ha convertido en un campo de disputa jurídica y política tras la renuncia de Daniel Quintero y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de modificar las condiciones bajo las cuales se realizaría el proceso.
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero anunció en la madrugada de este miércoles 15 de octubre su retiro de la contienda, alegando que el CNE y la Registraduría “cambiaron las reglas del juego” al definir que la consulta ya no sería un proceso interno del Pacto Histórico, sino una consulta interpartidista, abierta a las colectividades que conforman la coalición.
Según Quintero, esta reinterpretación jurídica pone en riesgo la validez del resultado y podría incluso impedir que el ganador participe en la consulta más amplia prevista para marzo de 2026.
“No hay garantías jurídicas claras. Participar en una consulta interpartidista podría cerrar el camino a futuras alianzas dentro del Frente Amplio”, argumentó Quintero en su comunicado de renuncia.
La determinación del CNE —que además prohibió el uso del logo del Pacto Histórico en el tarjetón— ha sido vista por la izquierda colombiana como una decisión técnica con repercusiones políticas.
Para algunos dirigentes, esto diluye la identidad de la coalición y cambia el sentido de una consulta pensada originalmente como un proceso de definición interna, no de competencia entre partidos aliados.
Pese al revuelo, los otros dos precandidatos, Iván Cepeda y Carolina Corcho, ratificaron su permanencia en la contienda. Ambos exigieron al CNE una certificación escrita que deje constancia de que la consulta mantiene carácter partidista y que sus resultados no afectarán la participación de sus aspirantes en futuros mecanismos de coalición.
Además, solicitaron la reimpresión de los tarjetones para reflejar correctamente las condiciones acordadas.
Desde el Pacto Histórico, la dirección política reafirmó que el proceso del 26 de octubre se mantiene “conforme a la ley” y pidió a las autoridades electorales la instalación de una mesa de garantías con acompañamiento de la Procuraduría.
El movimiento aseguró que no contempla cancelar la jornada y que la ciudadanía “podrá elegir entre las propuestas transformadoras” de Cepeda y Corcho.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, cerró filas en defensa de la consulta. En sus redes sociales aseguró que votará el 26 de octubre y calificó de “arbitrarias” las decisiones del CNE que, en su opinión, buscan “desbaratar” el proceso interno del progresismo.
Sin embargo, la jornada enfrenta riesgos inmediatos. Entre estos, la ambigüedad jurídica sobre si se trata de una consulta interna o interpartidista, lo que podría abrir la puerta a impugnaciones o tutelas.
Por ahora, el CNE no ha suspendido ni modificado oficialmente la consulta, y tanto Cepeda como Corcho continúan con sus campañas territoriales.
El resultado de los próximos días dependerá de si las autoridades electorales aceptan los ajustes solicitados o si, ante la falta de claridad jurídica, el proceso termina frenado en tribunales.
Lo cierto es que, a once días de la votación, el Pacto Histórico enfrenta su mayor reto interno desde la llegada de Petro al poder: mantener la cohesión de una coalición que se formó para ganar en 2022, pero que ahora se debate entre la defensa de su identidad política y las tensiones propias del poder.
