Bloomberg Línea — La Contraloría General de la República lanzó una alerta al Gobierno Nacional por cuenta de la interrupción del programa Mi Casa Ya, al argumentar que pone en riesgo los logros alcanzados entre 2019 y 2024.
“La falta de una evaluación pública de impacto, y de una estrategia para reemplazar esta iniciativa debidamente articulada, pone en riesgo los logros alcanzados y debilita la confianza ciudadana en la continuidad de las políticas habitacionales”, advirtió la Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.
Según la Contraloría, con el programa Mi Casa Ya entre 2019 y 2024, se logró reducir el déficit cuantitativo en 50.000 hogares y el déficit cualitativo en 237.000.
“Estas cifras reflejan un esfuerzo sostenido por mejorar las condiciones habitacionales de miles de familias, especialmente en zonas urbanas con alta presión demográfica”, dijo el organismo que hace el control fiscal de los recursos del Estado colombiano.
También señaló que el Departamento de Planeación Nacional no tiene aprobada ficha técnica para el nuevo programa de mejoramiento de vivienda. Dicha omisión impide evaluar su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.
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La Contraloría recomendó que los Ministerios de Minas, Ambiente y Hacienda avancen hacia una mayor cohesión intersectorial porque la actual desarticulación limita la formulación de políticas públicas integrales.
¿Qué dice el Gobierno?
Desde diciembre de 2024, el gobierno anunció la suspensión de nuevas postulaciones al programa. En ese entonces, el Gobierno Nacional adujo problemas de caja, falta de presupuesto disponible y restricciones fiscales.
La ministra de Vivienda, Helga Rivas, expresó que el Ejecutivo ya cumplió la meta con ese programa, dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, cuyo objetivo era la asignación de 222.000 subsidios.
La Cámara Colombiana de la Construcción, gremio de los constructores del país conocido como Camacol, manifestó que el Gobierno incluye en sus cálculos subsidios de las Cajas de Compensación Familiar, lo que podría mezclar subsidios públicos directos con otros mecanismos.
Alerta al sector salud
El organismo reiteró una vez más las advertencias que viene haciendo en el sector salud. Destacó que el sistema enfrenta hoy una encrucijada estructural y expresó que es necesario revisar el actual sistema, demanda una estructura financiera robusta, con controles y con la garantía de una prestación efectiva del servicio con oportunidad y calidad.
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“Eliminar la intermediación de las EPS y concentrar el riesgo financiero en la Adres configuran un nuevo escenario institucional que, si bien busca mayor eficiencia y transparencia, exige una capacidad fiscal, sostenida, técnicamente respaldada y con mayores controles” advirtió la Contraloría con respecto al trámite de los proyectos de la reforma a la salud en el Legislativo.
Para la entidad, los cambios que se generen deben garantizar una transición controlada, con capacidad de respuesta a los usuarios y estabilidad financiera, asegurando ante todo el derecho a la salud. “Que el servicio llegue a todos los rincones del país en forma transparente y con acceso para todos los colombianos”.
La reforma de Petro que cursa trámite en el Congreso ahora compite con una ponencia alternativa, recién radicada, que propone un modelo en donde el riesgo financiero lo asume el Estado y el riesgo en salud lo administran las Gestoras de Salud y Vidas (que son las EPS del actual sistema), manteniendo la prestación de servicios de salud públicos, privados y mixtos.
Según esta normativa, las Gestoras tendrían a su cargo la organización y control de la atención en redes, calidad y auditoría, pero no manejarán los recursos del sistema sanitario.
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También prevé la creación de un mecanismo de crédito especial para que el sector pueda ponerse al día con las deudas de las EPS “y se destinarán recursos graduales del Presupuesto General para pagar las deudas de hospitales públicos afectados por EPS liquidadas, priorizando a los trabajadores de la salud”, dice el proyecto.
Adicionalmente, la ponencia alternativa propone que el 100% del recaudo de impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados sea dirigido, durante cinco años, a sanear financieramente el sistema de salud.
