Bloomberg Línea — La Corte Constitucional de Colombia decidió el martes, de manera unánime, devolver al Congreso de la República la reforma pensional que había sido aprobada en 2024.
Con la determinación del alto tribunal, el nuevo sistema pensional ya no entrará en vigor el próximo primero de julio, como estaba previsto inicialmente.
“La decisión unánime de la Corte Constitucional permite corregir el trámite y avanzar con plena legitimidad en una reforma pensional histórica para garantizar una vejez digna en Colombia”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. “El país está más cerca de tener una legislación laboral democrática, progresista y centrada en los derechos de las y los trabajadores”.
El alto tribunal ordenó al presidente de la Cámara de Representantes que, para subsanar un vicio de procedimiento en el que se incurrió en el trámite de la Ley 2381 de 2024, se someta a discusión y votación de la Plenaria de la Cámara de Representantes una proposición presentada por María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros representantes, durante la sesión ordinaria del 14 de junio de 2024, en la que se pidió acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado y publicado en la Gaceta del Congreso.
El pleno de la Cámara de Representantes tendrá 30 días hábiles para sanear la irregularidad. El trámite sólo empezará a correr cuando el Congreso de la República se encuentre en sesiones ordinarias, a menos que sea convocado para ello en sesiones extraordinarias.
Este término no cobija el trámite de conciliación ante las dos cámaras legislativas, en caso de que no haya acuerdo entre Senado y Cámara.
El alto tribunal también ordenó al presidente de la Cámara de Representantes que rinda informe a la Corte sobre el cumplimiento de la sentencia y remita copia de las respectivas actas de votación de la Plenaria, para que sus magistrados se puedan pronunciar de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional.
“La Corte Constitucional se burla de la oposición con la reforma pensional”, dijo la senadora de la oposición Paloma Valencia, que demandó la constitucionalidad de la normativa pensional. “Le dan 30 días a un proyecto que llegó muerto por tiempos a la Cámara de Representantes. El país no debe olvidar que ese proyecto lo pagó el gobierno con plata de los colombianos con la UNGRD”.
A partir del martes, la Corte suspendió los términos de trámite de los procesos que estén en dicho tribunal o las futuras demandas instauradas en contra de la ley que reforma el sistema pensional, hasta el día hábil siguiente a la fecha en que los magistrados decidan, definitivamente, la constitucionalidad de dicha normativa.
