Bloomberg — El presidente Gustavo Petro quería ampliar el papel del Estado en el sistema de salud de Colombia. En cambio, está destruyendo un sistema que antes era sólido y se encontraba entre los más eficaces de América Latina.
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Primero comenzaron a cerrar los servicios de maternidad y cuidados intensivos neonatales. Ahora lo están haciendo las salas de urgencias. Los pacientes esperan más tiempo para recibir atención urgente. Y las familias tienen dificultades para pagar los medicamentos que antes se entregaban de forma gratuita.
“Es como si se fuera quedando lentamente sin oxígeno”, dice Jorge Toro, director de Unips Colombia, que representa a los prestadores de servicios de salud en el país andino. “El sistema de salud está en coma”.
La creciente crisis se ve agravada por los retrasos en los pagos y las transferencias insuficientes del gobierno a las aseguradoras de salud que, a su vez, deben cada vez más dinero a los hospitales y los gestores farmacéuticos. Según expertos y grupos del sector, esta cadena de crecientes atrasos está asfixiando servicios esenciales, con consecuencias a largo plazo para la salud del tercer país más poblado de América Latina.
Entre los colombianos vulnerables se encuentra un niño de ojos café llamado Isaac, que padece un doloroso quiste en la ingle y una infección urinaria. En una fría y húmeda mañana de agosto en la capital, Bogotá, su madre, Gabriela Acevedo, de 24 años, sale del Hospital Universitario Clínica San Rafael con el niño de 13 meses envuelto en un abrigo verde.
La aseguradora de la familia, la Nueva EPS, la mayor de Colombia, que es de propiedad mixta, aún no ha aprobado la cirugía que necesita su hijo. Durante las últimas dos semanas, Gabriela y su madre, Janeth, lo han llevado al San Rafael. Al principio, lo único que le dieron fue acetaminofen. La última vez le recetaron un antibiótico que se utiliza para tratar otras infecciones, pero no para las del tracto urinario, dice Acevedo, que tiene formación como auxiliar de enfermería.
“Me toca regresar porque el niño sigue enfermo”, dice, mientras Isaac se aferra a su hombro. “Le duele demasiado”.
Pero a Acevedo le dijeron que el hospital San Rafael ya no atenderá a pacientes de su aseguradora.
“Ya no sabemos adónde llevarlo”, señala. “¿Dónde lo operarán? Uno ya no tiene derecho a enfermarse”.
Acevedo dice que la única opción que le queda es volver al San Rafael y acudir a urgencias.
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Pacientes más graves
Desesperados por recibir atención médica, cada vez más colombianos están haciendo lo mismo, a medida que la crisis del sistema de salud se extiende a las puertas de un número más reducido de salas de urgencias.
Al no poder acceder a medicamentos, o no poder conseguir una cita médica a tiempo, a menudo llegan en peor estado. Seis o siete de cada diez pacientes que ingresan por urgencias son hospitalizados, lo que también satura estos servicios, explicó Toro, de Unips.
En abril, la Clínica Ciudad Roma de Bogotá cerró su servicio de urgencias. Y a finales de julio, la Fundación Hospital San Carlos de la capital hizo lo mismo. Es posible que otros también lo hagan.
Según la legislación colombiana, las salas de urgencias no pueden rechazar a los pacientes. Dado que las urgencias se enfrentan ahora a dos o tres veces más pacientes de los que pueden atender, el tiempo que transcurre desde que las personas ingresan hasta que son enviadas a casa o hospitalizadas ha aumentado de seis u ocho horas a 24, según Toro. El creciente retraso pone en peligro no sólo a los pacientes, sino también a los hospitales, añadió, ya que son responsables en caso de que alguien muera mientras espera tratamiento.
En un informe de julio, la Contraloría General de Colombia advirtió del estado “crítico” del sistema de salud. Por cada 100 pesos que el gobierno transfirió a las aseguradoras el año pasado, estas gastaron más de 110 pesos, según el informe. El déficit ha dejado a las aseguradoras, conocidas como entidades promotoras de salud (EPS), con pérdidas acumuladas de alrededor de COP$30 billones (US$7.300 millones), según Acemi, la asociación que representa a varias de ellas. A su vez, las aseguradoras debían 32,9 billones de pesos a los hospitales y operadores farmacéuticos a finales del año pasado, según el documento de la contraloría.
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“Angustia” es como José Muñoz describe lo que él y su esposa Alexandra sintieron después de que el tratamiento contra el cáncer de ella en un hospital de Bogotá fuera pospuesto abruptamente. Aunque más tarde se reanudó, la incertidumbre sobre el retraso y el estrés por la carga financiera del tratamiento están aumentando la presión arterial de Alexandra. La pareja se ha visto obligada a pagar la mayor parte de las pastillas que hacen parte de su tratamiento de quimioterapia, que apenas pueden costear con los ingresos esporádicos de José como taxista y el alquiler de un pequeño apartamento.
“Intento que no me afecte”, dijo Alexandra mientras se preparaba para una nueva y agotadora ronda de quimioterapia.
El Hospital Universitario San Ignacio, donde Alexandra está recibiendo tratamiento, es uno de los muchos prestadores que han dejado de atender a las madres y sus recién nacidos. También ha desaparecido la formación en obstetricia, fundamental para sus residentes.
Petro decidió intervenir directamente en las aseguradoras el año pasado, argumentando que no cumplían con los requisitos de reserva financiera. Entre los objetivos se encontraban las dos principales, Nueva EPS y EPS Sanitas. Más del 60% de los colombianos están ahora cubiertos por una EPS que, en la práctica, está bajo control estatal.
La Corte Constitucional revocó la intervención de EPS Sanitas, propiedad del grupo de salud Keralty SAS, con sede en Florida, cuyo principal accionista es el magnate español Joseba Grajales.
Sin embargo, el gobierno aún no ha devuelto el control a Keralty. A finales de julio, la Superintendencia de Salud, organismo regulador del sistema sanitario, solicitó a la Corte aclaración sobre su fallo.
Desde entonces, Petro emitió un decreto que elimina prácticamente el papel de las aseguradoras en favor de los gobiernos regionales. Esta medida elude al Congreso, que hasta ahora ha bloqueado su intento de aumentar el control estatal sobre el sistema de salud.
Ovidio Arroyave dice que está agradecido de que su madre, que dependía del oxígeno, falleciera en enero antes de tener que soportar lo que él está viviendo ahora con su padre de 92 años. Tiene en la mano una hoja con una lista de una docena de medicamentos, muchos de ellos sin entregar, para tratar las dolencias de su padre, que incluyen daños pulmonares e insuficiencia cardíaca.
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“Los problemas comenzaron alrededor de octubre”, dice Arroyave, frente a las oficinas de la Nueva EPS, donde espera la aprobación de uno de los medicamentos que solían recibir gratis.
Aspiraciones radicales
Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, fue elegido en 2022 con la promesa de transformar radicalmente el modelo económico de mercado del país. Aunque ha conseguido que el Congreso apruebe una reforma laboral y al sistema de pensiones, los legisladores se han mostrado reacios hasta ahora a aprobar su propuesta de reforma sanitaria.
En respuesta, ha buscado medios alternativos para aplicar su agenda de un mayor papel del Estado. En su punto de mira están las aseguradoras.
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La Corte Constitucional de Colombia declaró insuficiente la fórmula que utiliza el gobierno de Petro para calcular las transferencias por usuario a las aseguradoras y ordenó a los funcionarios que colaboraran con el sector para revisarla. La revisión ordenada por el tribunal aún no ha visto la luz.
En un discurso televisado el pasado 15 de julio, Petro volvió a negar que el gobierno deba dinero a las aseguradoras. Y en una reunión con representantes de las EPS celebrada ese mismo mes, el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano, aliado de Petro, cuestionó si el problema “es falta de recursos o de falta de control en la ejecución de los mismos”.
“No se puede llegar y decir hay que inyectar recursos al sistema como la gran solución”, afirmó Rubiano, según un comunicado y un vídeo difundidos por su oficina. “Tenemos que encontrar eficiencia administrativa”.
La oficina de Petro declinó hacer más comentarios, remitiéndose a las declaraciones televisadas realizadas por el presidente.
El Hospital San Carlos, situado cerca de barrios de ingresos medios y bajos de Bogotá, recibía una media de 1.200 pacientes al mes en su servicio de urgencias el año pasado. En junio, la cifra se había más que duplicado, hasta alcanzar los 2.500, según declaró el director del hospital, Carlos Arango, a la emisora local Blu Radio.
La combinación de dificultades financieras y el aumento de pacientes obligó a la institución a cerrar su sala de urgencias a finales de julio, según Arango. “Tenemos que salvar el hospital”, dijo.
El hermano de Mayra Mercedes Ortega, Teófilo, de 43 años, estuvo hospitalizado seis semanas en el hospital San Carlos. Hace aproximadamente un año, se le formó un coágulo en la conexión entre la arteria y la vena del brazo, conocida como fístula, que se utiliza en el tratamiento de diálisis. Pasaron los meses. Vivir en Saravena, Arauca, a casi 12 horas en autobús de Bogotá, dificultó aún más que su aseguradora, Nueva EPS, aprobara el traslado de Teófilo a un hospital de mayor nivel donde se pudiera realizar la cirugía.
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La fístula acabó rompiéndose. Teófilo fue finalmente trasladado en avión a Bogotá, pero casi muere por la pérdida de sangre y otras complicaciones, según Ortega.
La cobertura sanitaria en Colombia es prácticamente universal, ya que cerca del 99% de la población tiene acceso a los servicios de salud. El país tuvo uno de los gastos de bolsillo en salud más bajos del mundo. En 2021, el porcentaje del gasto de los hogares destinado a la salud fue del 1,7%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por debajo del promedio del 3,3% de los países miembros.
A medida que más y más colombianos pierden el acceso oportuno a la atención médica y los medicamentos, el organismo independiente de defensa de los derechos humanos del gobierno, conocido como Defensoría del Pueblo, estima que las quejas que recibirá este año por violaciones de los derechos de salud aumentarán en un 80%, pasando de 19.077 en 2022, cuando Petro llegó al poder, a 34.340.
Diana León, de 27 años y embarazada, ahora tiene que hacer un viaje de 40 minutos en autobús para llegar al hospital San Rafael. Lleva consigo a su hija María Fernanda a todas partes, propensa a las convulsiones, mientras su marido trabaja. La clínica donde dio a luz a su hija estaba cerca de su casa, en un barrio del sur de Bogotá. También lo estaba el Hospital de la Misericordia, un centro pediátrico al que acudía rápidamente cuando su hija tenía fiebre alta. Esas instituciones ya no prestan servicios a su aseguradora, Sura EPS, parte del Grupo Sura.
Hace tres meses, Diana y su esposo llevaron a María Fernanda de urgencia al San Rafael, cuando comenzó a tener otra convulsión.
“Tardamos muchísimo en llegar”, dice León, y agrega que, cuando arribaron, los niveles de oxígeno en sangre de su hija eran peligrosamente bajos.
De vuelta en las oficinas de la Nueva EPS, Uriel Ardila, de 66 años, espera la aprobación de los medicamentos para la presión arterial y la diabetes que toma desde hace años.
Desde octubre, Ardila dice que ha tenido dificultades para conseguirlos. En total, cuestan 546.000 pesos al mes, aproximadamente un tercio de la pensión que recibe como jubilado con el salario mínimo mensual. De vez en cuando le dan uno u otro medicamento, pero en abril y mayo se vio obligado a dejar de tomarlos por completo y sus niveles de glucosa en sangre se dispararon, según cuenta.
“No tenía dinero para pagarlos”, explica Ardila. “A veces no puede uno comprar los medicamentos. O si compra los medicamentos, no puede uno comer”.
Además de gastar más en medicamentos, cada vez más colombianos contratan seguros médicos privados. El año pasado, la demanda aumentó un 24% con respecto al año anterior, según el gremio que agrupa a las aseguradoras, Fasecolda. Esto supone un aumento con respecto a la tasa de crecimiento promedio anual del 12% de la última década. En lo que va del año, hasta junio, ha aumentado un 27%.
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Leidy Calderón, de 31 años y que dará a luz en un mes, dijo que contrató un seguro privado con Sanitas hace un año. Pero el plan de seguro no cubre el embarazo. EPS Sanitas sólo le ha dado citas con médicos generales en centros médicos, no con un obstetra, e incluso ha tenido que pagar de su bolsillo todas las ecografías menos una, según cuenta. “Si me pasa algo en este momento, no tengo ni idea de qué hacer ni adónde ir”, dice.
La Nueva EPS declinó comentar al igual que EPS Sura sobre el caso específico de Leidy Calderón. EPS Sanitas dijo que “viene realizando una evaluación integral al caso para establecer junto a la red prestadora, las acciones que permitan el acceso integral, oportuno y de calidad a la afiliada”.
Esta desesperación acabará reflejándose en los datos sanitarios y económicos de Colombia. El Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa), de la Universidad Icesi de Cali, ha estado examinando el impacto de un aumento del gasto de bolsillo a cargo de los usuarios. Un número cada vez mayor de hogares podría caer en la pobreza, mientras que es probable que aumenten las tasas de mortalidad, ya que cada vez menos colombianos pueden acceder a los servicios médicos o a los medicamentos de manera oportuna, afirma la directora de Proesa, Victoria Soto.
Añade que los datos tardarán en revelar los efectos de la crisis.
“Los certificados de defunción no van a mostrar que una persona falleció porque no le entregaron el medicamento. Solo dirán que la causa fue un derrame cerebral o una complicación de tipo cardiovascular”, dice Soto. “Me pregunto: ¿realmente necesitamos verlo en cifras de muertes para comprender que éste no era el mejor camino para discutir una reforma al sistema de salud?”.
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