Bloomberg Línea — La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el contrato 012 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa extranjera Vertol Systems Company para la adquisición, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI17.
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El organismo de control inició un seguimiento permanente desde el 12 de agosto de 2025, tras conocerse informes periodísticos que denunciaban presuntas irregularidades.
“Existe un riesgo inminente para el patrimonio del Estado, debido a la alta probabilidad de pérdida de más de US$13 millones de los US$16,23 millones entregados como pago anticipado”, señaló la Contraloría Delegada para el Sector Defensa.
Contrato bajo lupa: advertencia por riesgo inminente
De acuerdo con el informe, la ejecución del contrato apenas alcanza un 8% de avance físico, a pesar de que el contratista ya recibió el 50% del valor total —equivalente a US$16,23 millones—.
El contrato vence el 15 de noviembre de 2025, lo que, según la Contraloría, representa un riesgo considerable de incumplimiento.
Debilidades en la selección del contratista
El informe del ente de control apunta a deficiencias en las evaluaciones técnica, económica y jurídica realizadas por el Ministerio de Defensa.
Según la Contraloría, Vertol Systems Company no acreditó ni la capacidad financiera ni la experiencia técnica necesarias para asumir el contrato en los plazos previstos.
“Pese a no acreditar experiencia ni solvencia financiera, se otorgó aval jurídico al contratista, lo que contraviene el principio de selección objetiva”, advierte el documento.
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El comité técnico evaluador —añade el informe— no logró comprobar la experiencia del oferente con base en los criterios definidos en los estudios previos, una omisión que la Contraloría califica como una falla estructural del proceso de contratación.
Desbalance crítico entre anticipo y ejecución
Uno de los hallazgos más preocupantes es la desproporción entre los recursos desembolsados y el avance real del contrato. Mientras la empresa ha recibido un anticipo de US$16,23 millones, el progreso físico se mantiene en apenas el 8%.
La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional habría advertido repetidamente los incumplimientos de la contratista.
Oficios fechados el 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025 alertaban sobre los retrasos y solicitaban al Ministerio de Defensa adoptar medidas correctivas.
Sin embargo, la reacción institucional llegó tarde. El Ministerio solo inició el proceso formal de incumplimiento el tres de septiembre de 2025, casi siete meses después de la primera advertencia.
“Esta demora refleja una respuesta tardía frente a riesgos contractuales advertidos oportunamente”, concluyó la Contraloría.
Riesgo de pérdida de recursos públicos
El seguimiento de la Contraloría también resalta la alta probabilidad de pérdida de los recursos anticipados, dado que el contratista es una empresa extranjera de responsabilidad limitada, lo que complica que sus socios respondan con su patrimonio por incumplimientos.
Además, no se cuenta con información financiera suficiente que permita solicitar medidas cautelares efectivas. En consecuencia, la única alternativa viable para recuperar recursos sería la ejecución de las pólizas contractuales.
El informe también cuestiona las modificaciones realizadas a las garantías de cumplimiento, pues las prórrogas y reducciones en los porcentajes de cubrimiento disminuyen la protección del Estado. La última modificación, vigente hasta el 11 de marzo de 2025, redujo los amparos y dejó desprotegido el periodo de liquidación contractual, que podría extenderse hasta por dos años más.
“La póliza que respalda la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025, sin cubrir el plazo de liquidación del contrato”, advirtió el organismo de control.
Impacto operativo en la Fuerza Pública
La falta de ejecución del contrato ya afecta la capacidad operativa de la Fuerza Pública, advierte la Contraloría. El mantenimiento pendiente de los helicópteros MI17 ha generado la inmovilización parcial de la flota, reduciendo la disponibilidad de aeronaves para operaciones estratégicas.
“La no ejecución del mantenimiento requerido limita la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas a la seguridad nacional”, detalla el informe.
Lo que viene
La Contraloría instó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a adoptar medidas urgentes para salvaguardar los recursos públicos y garantizar el cumplimiento del contrato antes de su vencimiento.
El organismo continuará con el seguimiento permanente al caso y podría abrir procesos de responsabilidad fiscal si se confirma la pérdida de los recursos anticipados.
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El caso se convierte en una nueva señal de alerta sobre las fallas en la gestión contractual del sector defensa, donde el alto monto de los contratos y la dependencia de proveedores extranjeros demandan mayor rigurosidad en la supervisión y selección de oferentes.
“El país no puede darse el lujo de perder recursos estratégicos ni capacidad operativa en un sector tan sensible como la defensa”, concluyó la Contraloría.
