Bloomberg Línea — Desde el pasado lunes, cuando la Fiscalía General de la Nación solicitó una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el interés en este caso se ha mantenido latente, no sólo por la expectativa en torno a la decisión que tome la justicia, sino por el riesgo de que prescriba.
En la etapa de alegatos finales del juicio, la fiscal Marlenne Orjuela solicitó al Juzgado 44 Penal de Bogotá una condena contra Uribe por tres delitos: soborno en actuación penal, soborno a testigos y fraude procesal.
“Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez”, dijo la fiscal Orjuela ante quien lleva el caso, la jueza Sandra Liliana Heredia.
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Uribe Vélez es señalado de haber encomendado a uno de sus abogados, Diego Cadena, sobornar y ofrecer beneficios jurídicos a dos exparamilitares, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, para desligarlo de presuntos nexos con grupos armados al margen de la ley.
“La estructura probatoria desplegada en esta audiencia no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal”, dijo la fiscal Orjuela.
Tras los alegatos finales, el juicio entrará en su fase final y la jueza Heredia deberá establecer si encuentra al expresidente culpable o inocente. Sin importar cuál sea la decisión, el fallo podrá ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Lo cierto es que, en el contexto de una posible apelación, el fallo en segunda instancia deberá ser proferido antes del 16 de octubre de 2025 por el alto tribunal. De lo contrario, el caso prescribirá.
En conversación con el diario El Tiempo, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, expuso que los testimonios presentados por la Fiscalía favorecieron al acusado.
“Ni uno solo de ellos permitió establecer, ni remotamente, que Álvaro Uribe hubiese determinado a otra persona para cometer los delitos de soborno en actuación penal, soborno simple y fraude procesal”, sostuvo Granados.
Distinta opinión tiene Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, víctima en el proceso. “Estamos absolutamente convencidos de que tenemos un acervo probatorio supremamente importante para demostrar la responsabilidad del acusado”, sostuvo.
¿El origen del juicio contra Uribe?
Todo comenzó en 2011, cuando los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra se entrevistaron con Iván Cepeda, en ese entonces parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, para denunciar que presuntamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez contribuyó a la creación del grupo paramilitar Bloque Metro y la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Tras las declaraciones de los exparamilitares, Cepeda solicitó a la Fiscalía investigar el caso y, en 2012, Uribe lo denunció por abuso de función pública, calumnia agravada y fraude procesal ante la Corte Suprema de Justicia.
La corte en 2018 concluyó que Cepeda no era culpable de los delitos por los que se le señalaba. En cambio, ordenó la apertura de una investigación contra Uribe por supuestamente manipular a los testigos, a través de Diego Cadena, y que declararan contra Cepeda.
En ese contexto, en 2020 la Corte ordenó la detención de Uribe, que fungía como senador. Sin embargo, el líder del Centro Democrático renunció a su cargo, razón por la cual la competencia de investigarlo quedó en manos de la Fiscalía que, en dos ocasiones, a través de los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, en 2021 y 2022, respectivamente, solicitaron la preclusión del caso argumentando que no había pruebas, aunque la justicia la negó.
