Bloomberg Línea — La Contraloría General de la República presentó un informe financiero con corte al 31 de diciembre de 2024 sobre la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que reveló una profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el acceso efectivo a los servicios para millones de colombianos.
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Dentro de los principales resultados se encuentran:
Sistema insostenible financieramente
La deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a COP$32,9 billones, lo que evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. Adicionalmente, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.
Solo seis EPS cumplen con requisitos financieros
De las 29 EPS activas, únicamente 6 cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), pero tiene apenas un cubrimiento del 10,92% de los afiliados. El resto de la población afiliada (89,08%) lo están en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos.
Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente.
Desgaste del modelo de aseguramiento
Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, han sido autorizadas 157 EPS; hoy solo operan 29, de las cuales solamente 6 cumplen con los requisitos habilitantes. Las liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis.
Indicadores críticos de solvencia
• 15 EPS no cumplen con el capital mínimo.
• 14 EPS incumplen el patrimonio adecuado.
• 22 EPS no invierten sus reservas técnicas como exige la norma.
Deudas con operadores farmacéuticos y riesgo en el acceso a medicamentos
Las EPS adeudan COP$2,8 billones a operadores farmacéuticos. Esta situación, no obstante, a que en la vigencia 2024 les fueran pagadas cerca del 90% de la facturación (COP$13,3 billones de COP$14,7 billones), ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQR.
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Alarma por situación de la Nueva EPS
La Nueva EPS —con más de 11.5 millones de afiliados— no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo. Su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país.
Modalidades contractuales con alto riesgo fiscal
La modalidad de Pago Global Prospectivo (PGP), establecida en el Decreto 441 de 2022, representa un riesgo fiscal significativo al permitir pagos anticipados sin mecanismos sólidos de control sobre la prestación efectiva de los servicios. Esta medida progresiva, debilita la discusión del sector en torno a la suficiencia de los recursos dispuestos para la UPC.
Gasto administrativo desregulado y disparidades
No obstante que la Ley permite un límite de gasto administrativo de 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo, 27 EPS reportan entre el 4% y 8% en este margen.
No existe una reglamentación clara para el cálculo de este gasto y, Ministerio de Salud y Protección Social ni Superintendencia Nacional de Salud, han emitido lineamientos técnicos al respecto. Esto, en el marco de una siniestralidad promedio reportada del 111%, conduce a la necesaria discusión sobre la viabilidad del sistema actual.
Utilidades reinvertidas
Las EPS Sura, Emssanar, Aliansalud y otras reportaron utilidades operativas y netas por COP$198.745 millones, que, según certificaciones, fueron reinvertidas en reservas legales y en la cobertura de pérdidas acumuladas.
Siniestralidad creciente
La siniestralidad promedio en 2024 fue del 110,1%, lo que indica que los costos en salud superan los ingresos por UPC. La más baja fue del 87% (Cajacopi Atlántico) y la más alta del 131% (Ferrocarriles Nacionales).
Intervenciones ineficaces por parte de la SNS
Las medidas adoptadas por la Superintendencia no han revertido la crisis financiera ni mejorado la calidad de la atención. La Contraloría advierte además que no se han exigido acciones contundentes a los interventores para lograr la estabilidad de las EPS.
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Aumento alarmante de las PQR y tutelas
Las PQR aumentaron en un 23,2%, pasando de 1.3 millones en 2023 a más de 1.6 millones en 2024. El 91% se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS concentró el 22% del total.
Se presentaron 175.025 tutelas en 2024 por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advierte que estas condiciones comprometen la capacidad del sistema para responder con oportunidad y calidad a la demanda en salud. “No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo, si no se toman decisiones estructurales y urgentes”, señaló.
