Bloomberg Línea — La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de dos reconocidos restaurantes de Bogotá y el municipio de Chía, Andrés D.C. y Andrés Carne de Res, al considerar que sus instalaciones eléctricas y de gas representan riesgos para sus clientes.
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La SIC ordenó la apertura de cuatro investigaciones administrativas en contra de la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los restaurantes en mención, “tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes”, dice un comunicado de esta autoridad.
Los presuntos incumplimientos fueron comprobados durante dos visitas de inspección a los establecimientos comerciales: el 10 de septiembre a Andrés Carne de Res, en Chía (Calle 3 con carrera 11A), y Andrés D.C., en uno de los sectores más exclusivos de la capital colombiana, la Zona T (calle 82 con carrera 12).
Hasta el momento, Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. no se ha referido a los hallazgos de la SIC ni al cierre de sus restaurantes.
La SIC informa que sus profesionales detectaron “deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible”, entre ellas:
- Conductores eléctricos expuestos a daños físicos.
- Deficiencias en tableros de distribución.
- Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas.
- Falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible.
- Uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos.
“Estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación”, expone la SIC. “Por ello, se ordenó suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas (...) mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá”.
El camino que deberá seguir Andrés Carne de Res
Tras la orden de la autoridad que en Colombia protege los derechos de los consumidores, Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. deberá aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables y corregir las deficiencias encontradas. Hasta que no ocurra, se mantendrán las medidas preventivas.
La SIC dice que la infracción a los reglamentos técnicos y el incumplimiento de las órdenes impartidas, “podrá dar lugar a la imposición de multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”, es decir, COP$2.846 millones.
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