Exclusiva: GEB advierte riesgo energético mientras opositores frenan avance de proyecto clave en Colombia

Bloomberg Línea habló con el CEO del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, quien advirtió que vía “maniobras legales” se están retrasando proyectos clave. Además, dice que estudian una eventual salida al mercado de capitales antes de fin de año.

De acuerdo con Ortega, la situación no solo amenaza el equilibrio del sistema energético, sino que podría generar un “ciclo negativo” en el que las empresas, especialmente del sector industrial y alimentario, migren del gas natural a combustibles más costosos como el GLP o el propano.
16 de octubre, 2025 | 05:00 AM

Bloomberg Línea — Colombia se encamina hacia una tensión energética sin precedentes en este siglo. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), advirtió que la brecha entre la oferta y la demanda de gas natural se profundizará en 2026, con un déficit estimado de 100 millones de pies cúbicos diarios hacia el final del año.

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Esta situación, advirtió en entrevista con Bloomberg Línea, podría derivar en “distorsiones del mercado, afectación a las tarifas y presiones sobre la competitividad industrial”.

Así mismo, Ortega dijo que “el problema de oferta y demanda en gas ya es estructural, y por eso la urgencia de una planta de gasificación en 2026”, afirmó Ortega. “Con ampliaciones entre Promigás y TGI se puede mitigar el riesgo en el corto plazo, pero en 2027 la situación podría complicarse mucho más”.

Además, aseguró que en el país “necesitamos gasificación adicional porque algunos actores del mercado están abusando y los precios secundarios están llegando a niveles absurdamente altos”.

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De acuerdo con Ortega, la situación no sólo amenaza el equilibrio del sistema energético, sino que podría generar un “ciclo negativo” en el que las empresas, especialmente del sector industrial y alimentario, migren del gas natural a combustibles más costosos como el GLP o el propano.

“Eso elevaría los costos para todos los usuarios, porque el costo de la infraestructura se reparte entre menos demandantes. Por eso mantener la demanda de gas natural es fundamental para contener las tarifas”, señaló.

El papel de Chivor II en la expansión energética

En ese contexto, el Proyecto de Expansión Eléctrica UPME 03-2010, conocido como Chivor II, se configura como una pieza estratégica para garantizar la seguridad del sistema eléctrico y mejorar la capacidad de transmisión hacia el centro del país.

Consiste en la construcción de una subestación de transmisión y más de 170 torres que permitirán reforzar el sistema de interconexión entre el oriente y el centro del país. Esta infraestructura, a cargo del GEB, busca aumentar la confiabilidad del suministro, reducir pérdidas y evitar congestiones en la red.

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Sin embargo, su ejecución ha enfrentado retrasos significativos. Ortega reconoció que, aunque la empresa cuenta con licencias aprobadas, “una serie de tutelas y maniobras legales” ha frenado los avances.

“Con la ANLA (la autoridad nacional de licencia ambientales) no hemos tenido problemas; el problema fue el Ministerio de Ambiente con la exministra Susana Muhamad, que era terrible, y con las tutelas interpuestas por opositores con intereses muy personales”, afirmó.

El directivo explicó que incluso errores mínimos en procedimientos administrativos han sido usados para detener decisiones clave.

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“En Santander íbamos a construir 175 torres desde octubre, pero la sesión de aprobación se canceló porque notificaron mal la hora: la citación se envió a la 1:00 a.m. en lugar de la medianoche. Esos trucos legales logran mover proyectos de octubre a febrero del año siguiente. Así no se puede avanzar”, dijo.

Oposición al proyecto

En medio de la controversia, el nombre de Gustavo Adolfo Leal Acosta ha ganado notoriedad. Representante legal de la Veeduría Ciudadana del Proyecto Chivor II, Leal ha liderado una intensa vigilancia jurídica y comunitaria sobre las actuaciones del GEB y de las autoridades ambientales.

Desde su rol, ha promovido audiencias públicas, exigido la revisión de los estudios de impacto ambiental y cuestionado la suficiencia de la información técnica disponible para las comunidades afectadas.

Ortega, sin embargo, ve en Leal a un obstáculo persistente. “Leal bloquea todo para las líneas que llegan a Bogotá. No entiendo por qué, pero volvió su vida a parar ese proyecto. Es muy efectivo en trancar con tutelas y con todo tipo de estrategias legales”, afirmó.

Desde la otra orilla, la actuación de Leal responde a un principio de control ciudadano.

De acuerdo con documentos oficiales, su participación ha consistido en garantizar transparencia, acceso a la información y cumplimiento de las normas ambientales.

Bloomberg Línea contactó telefónicamente y vía WhatsApp a Gustavo Leal Acosta para conocer su opinión sobre el proyecto, pero no obtuvo respuesta.

El trasfondo político y empresarial

El conflicto alrededor de Chivor II también evidencia la fragilidad institucional que enfrenta la expansión de la infraestructura energética en Colombia.

Ortega reconoció que, aunque la relación con la actual ministra de Minas ha mejorado, los bloqueos judiciales y la lentitud de los procesos administrativos siguen generando costos económicos considerables.

“Con la ministra actual ha mejorado la movilidad ejecutiva, pero las comunidades con intereses económicos siguen usando el sistema judicial para frenar avances”, comentó.

Paralelamente, el GEB avanza en negociaciones con Ecopetrol para asegurar la importación y regasificación de gas natural, una medida que busca estabilizar el mercado y garantizar el suministro energético en los próximos años.

“Lo que plantea Ecopetrol es razonable. Ellos están pensando en el mediano plazo, mientras nosotros buscamos soluciones inmediatas. Soy optimista en que lograremos un acuerdo; Ecopetrol es un jugador determinante y tiene la visión de resolver el tema de manera que beneficie a todos”, afirmó Ortega.

Una urgencia nacional

Los retrasos en Chivor II y la incertidumbre sobre nuevos proyectos gasíferos podrían tener implicaciones directas en la seguridad energética del país.

La combinación de déficit de gas, lentitud en licencias y acciones judiciales amenaza con desajustar el equilibrio del sistema eléctrico hacia finales de la década. Ortega advirtió que, si no se ejecutan las obras previstas, Colombia podría enfrentar interrupciones o alzas de tarifas difíciles de revertir.

El futuro del sistema energético colombiano, en consecuencia, se juega en una línea delgada entre el desarrollo y la participación ciudadana. Mientras el país busca asegurar su suministro de gas y electricidad, casos como Chivor II revelan que la gobernanza energética no sólo depende de la ingeniería o la inversión, sino también de la capacidad institucional para conciliar intereses, garantizar transparencia y sostener el equilibrio entre progreso y sostenibilidad.

Finalmente, Ortega se refirió al desempeño de la acción en Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en donde si bien ha tenido un buen comportamiento aún requiere más liquidez para ser más atractiva para inversionistas internacionales.

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Una de las estrategias que estudian para ello es “pagar bonos a ejecutivos con acciones”, y aunque aún no se ha definido “en algún momento de aquí a marzo del próximo año lo volveremos realidad”.

Por último, dijo que la compañía está estudiando la posibilidad de salir al mercado de capitales con una colocación de bonos, la cual sería “este año eventualmente”; ya cuentan con las autorizaciones y sólo están esperando una ventana de oportunidad.

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