Bloomberg Línea — La Contraloría General de la República encontró que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o DIAN, causó un daño patrimonial de más de COP$17.000 millones por haber pagado doble arriendo de sedes, entre marzo y diciembre de 2024, sin tener la necesidad de hacerlo.
El organismo de control calificó la gestión como “antieconómica”.
Los hechos fueron denunciados por Bloomberg Línea en diciembre de 2024, cuando se reveló que la DIAN arrendó el Edificio San Martín, en el centro de Bogotá, diciendo que requería mayor espacio para albergar a nuevos funcionarios.
En ese momento, la entidad tenía un contrato vigente de arriendo del Edificio BCH, también ubicado en el centro de la capital.
Al no contar con una terminación anticipada de mutuo acuerdo de ese primer contrato, ni la posibilidad de finalizarlo por su cuenta, Bloomberg Línea reveló que la Dirección de Impuestos y Aduanas pagó, desde marzo a diciembre de 2024, el costo del arriendo del segundo edificio, sin tener el personal necesario para ocupar ambas sedes.
Bloomberg Línea consultó a la DIAN sobre el hallazgo fiscal y la entidad dijo que, durante el proceso de la auditoría de la Contraloría, “brindó toda la información y colaboración requerida” por el ente de control fiscal.
Los contratos de arrendamiento
El primer contrato de arriendo, del Edificio BCH, se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
El segundo contrato, del Edificio San Martín, comprende un área total arrendada de más de 29.400 metros cuadrados, con capacidad para 3.064 puestos de trabajo, 466 vehículos, 60 motos y 105 bicicletas.
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Dicho contrato tiene un valor por metro cuadrado de COP$115.000, a marzo de 2024, y un estimado de COP$116.023 para los meses de abril al 15 de diciembre de 2024. Así, el valor del contrato sumó un total de COP$19.996 millones.
En el informe de auditoría, al que tuvo acceso Bloomberg Línea, la Contraloría estimó que se produjo un daño patrimonial al Estado por valor de COP$17.286.937.710, correspondiente a los pagos realizados por concepto de ambos inmuebles.
La Contraloría concluyó que el daño patrimonial fue producido “como consecuencia de una planeación deficiente y una gestión contractual innecesaria, lo que configura una gestión fiscal ineficiente, ineficaz e inoportuna″.
El informe de auditoría
El organismo de control concluyó que la DIAN argumentó la necesidad de albergar y dotar de mobiliario físico los espacios laborales de 3.064 nuevos funcionarios, que iban a ser nombrados en el futuro, en un concurso de méritos que fue autorizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Sin embargo, la auditoría dice que antes de firmar el segundo arrendamiento, dicha Comisión informó, a finales de 2023 a la DIAN, las dificultades que tendría para cumplir con el cronograma para la contratación del nuevo personal, lo que incidía directamente en la viabilidad y oportunidad de la firma de un nuevo contrato.
“A pesar de contar con dicho comunicado, la DIAN continuó con la etapa precontractual y la posterior suscripción del contrato, sin adoptar medidas preventivas o correctivas orientadas a mitigar el riesgo contractual, tales como la revisión o modificación de las condiciones pactadas”, dice el informe.
Como consecuencia de esa omisión, señala la Contraloría, la DIAN efectuó los pagos por los arriendos sin que hubiera necesidad.
Así, la Contraloría dijo que la firma del segundo contrato de arrendamiento carecía de justificación, toda vez que los inmuebles arrendados fueron ocupados, de manera transitoria, “por 1.890 funcionarios de la planta de personal existente y que antes de que terminara el contrato retornaron a sus puestos de trabajo".
La Contraloría concluyó que las oficinas arrendadas nunca fueron ocupadas por los nuevos servidores públicos que se planeaba nombrar.
