Bloomberg Línea — Durante los últimos meses, el Gobierno de Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de convocar una consulta popular con el fin de revivir los puntos centrales de la Reforma Laboral, archivada anteriormente en el Senado de la República.
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Esta propuesta se ha convertido en la principal bandera del presidente tras su quinto remezón ministerial y apunta a consolidarse como el eje central de su agenda en la recta final del mandato.
Sin embargo, más allá del mecanismo democrático que promueve la participación ciudadana, la iniciativa incita un complejo escenario político. Para que esta consulta se materialice, el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, principal impulsor de la propuesta, deberán sortear una serie de requisitos legales y caminos institucionales.
La firma Asuntos Públicos, Seguimiento & Estrategia, presentó un panorama con los posibles escenarios que podría seguir esta consulta popular
El proceso para realizar una Consulta Popular en Colombia está regulado por la Constitución Política de 1991 y la Ley 134 de 1994.
Primero, el presidente debe presentar una solicitud al Senado respaldada por la firma de todos los ministros y obtener un concepto favorable del mismo, lo cual está previsto para este jueves primero de mayo.
Las preguntas deben ser claras y permitir respuestas de “Sí” o “No”, sin incluir articulados complejos, el Senado puede negar esta solicitud, no obstante, no puede realizar cambios a las preguntas.
Este mecanismo busca canalizar la participación ciudadana en temas de trascendencia nacional, por lo que las preguntas a su vez deben pasar por una revisión del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
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Una vez aprobada, la votación debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes, sin coincidir con otras elecciones, una gran dificultad teniendo en cuenta que hay 35 procesos de elecciones atípicas sin desarrollarse en el país.
La decisión del pueblo es vinculante si participa al menos un tercio del censo electoral (13.6 millones de votos aproximadamente) y la opción ganadora obtiene la mitad más uno de los votos válidos.
Además, el presidente puede suspender la consulta durante estados de excepción o por riesgos al orden público, debiendo justificarlo ante el Congreso en un plazo de tres días.
El primer escenario, que en la fase inicial del proceso parecía el más probable, aunque ahora ha perdido fuerza, es el de la negociación política.
Thomas Rodríguez López, consultor de la firma, asegura que el Gobierno podría utilizar la consulta popular como una herramienta para movilizar a sus bases y evidenciar su necesidad ante el Congreso, sin que esto llegue a significar el interés real de llevar a cabo todo lo que implica el proceso.
“Este enfoque permitiría mantener el ‘momentum’ político y encontrar acuerdos y caminos en reformas parciales, mientras se prepara el terreno para las elecciones de 2026”, dijo Rodríguez.
Un aspecto que podría indicar la viabilidad del primer escenario es el reciente anuncio del apoyo del Gobierno a la iniciativa del Partido Liberal de reducción de la jornada diurna y aumento de recargos dominicales.
Si en el Legislativo se empiezan a tramitar por separado aspectos clave de la reforma no habría necesidad de consulta. Sin embargo, es importante señalar que esta vez el Gobierno ha avanzado más que en ocasiones anteriores en la ruta de la consulta popular, incluso habilitando una página web para fomentar la participación ciudadana.
Además, este proceso cuenta con el respaldo del ministro Benedetti, una figura central y con amplio poder dentro del círculo cercano del presidente.
“El segundo escenario parte de un contexto de bloqueo institucional y del funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos", advirtió Rodríguez. “En este caso, el Senado podría rechazar la solicitud desde un inicio, lo que generaría una ruptura entre el Gobierno y el Congreso, dificultando aún más la gobernabilidad”.
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Añade que. alternativamente, el Senado podría aprobar la consulta, pero la Corte Constitucional la tumbaría por considerar que las preguntas afectan derechos fundamentales o no cumplen con los requisitos legales.
“En ambos casos, se fortalecería la narrativa del Gobierno de que el sistema impide gobernar al presidente, convirtiendo la consulta, independientemente de su viabilidad, en un escenario de disputa retórica entre los distintos actores políticos”, dice Rodríguez.
El tercer escenario plantea un eventual éxito en el ámbito legal, pero con serias dificultades en su aprobación e implementación. Si el Gobierno logra superar los obstáculos institucionales y convoca la consulta, deberá enfrentar el desafío de alcanzar el umbral mínimo de participación y obtener la mayoría de los votos válidos.
Este objetivo es particularmente exigente si se tienen en cuenta antecedentes como la Consulta Anticorrupción y los resultados obtenidos por el presidente Petro en las elecciones presidenciales, que no superaron los 12 millones de votos.
Incluso si la Consulta llegara a concretarse, lo que significaría una participación histórica y un hito electoral para el país, al Gobierno le restaría menos de un año de mandato, lo que le dejaría un margen muy limitado para poner en marcha su implementación.
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“En consecuencia, los resultados de ese proceso quedarían en manos del próximo mandatario”, dijo Rodríguez López. “Por estos factores, y aunque la consulta pueda presentarse como una propuesta interesante, enfrenta importantes desafíos institucionales y podría terminar siendo, más que un mecanismo de transformación, el punto de partida de la contienda electoral de 2026”.
