Bloomberg Línea — El expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado el viernes a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
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La sentencia fue dictada por la juez 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien, pese a la petición de 9 años de la Fiscalía, encontró razones para condenar al expresidente a la pena máxima establecida en el código penal colombiano para dichos delitos.
Además, la togada decidió que Uribe Vélez deberá pagar una multa de 2.420,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que, con base a los datos de 2025, corresponderían a COP$3.445 millones.
La defensa del expresidente Uribe Vélez ha manifestado su interés por apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 11 de agosto.
De hacerlo, la segunda instancia deberá proferir fallo definitivo a más tardar el 16 de octubre de este año o, de lo contrario, el caso habrá prescrito.
La condena contra Uribe Vélez se produjo tras más de nueve años de proceso y 67 audiencias. Inició con una denuncia del expresidente contra el senador de izquierda Iván Cepeda, a quien acusó de manipulación de testigos.
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Dicha denuncia no prosperó, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Cepeda e inició una nueva investigación en contra de Uribe por los mismos delitos que éste acusó a su contendor político.
La decisión de la jueza Heredia ha sido calificada como histórica por adversarios políticos de Uribe, pero al mismo tiempo sus aliados la han señado de ser una retaliación en contra del exmandatario por su lucha contra los grupos guerrilleros durante su presidencia.
Incluso autoridades estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, salieron en defensa de Uribe, un hecho rechazado por Gustavo Petro, quien como presidente de Colombia les pidió a los funcionarios del Gobierno de Donald Trump abstenerse de tener injerencias sobre asuntos de la justicia local.
Soborno en actuación penal
La jueza concluyó que Uribe fue el “determinador” de una red diseñada para influir en testigos clave como Juan Guillermo Monsalve mediante su abogado Diego Cadena.
Las grabaciones obtenidas por un reloj espía, que muestran ofrecimientos de beneficios judiciales a Monsalve, junto con interceptaciones telefónicas, evidenciaron que Cadena informaba en “tiempo real” sobre sus gestiones, implicando directamente al expresidente en los hechos
Fraude procesal
Heredia consideró probado que Uribe utilizó de forma consciente declaraciones manipuladas para instaurar demandas contra el senador Iván Cepeda.
Documentos falsos firmados por exparamilitares, entregados con fines judiciales engañosos, fueron presentados ante la Corte Suprema sabiendo su origen viciado.
Esta conducta, según la examinó la jueza, constituye fraude procesal al inducir error en la autoridad judicial.
