Bloomberg Línea — La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exministro de Hacienda de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla González.
Lo anterior, en el marco del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La medida también cobija al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves.
Según la investigación, ambos exministros estarían vinculados a un esquema mediante el cual se direccionaron contratos por alrededor de COP$92.000 millones destinados a proyectos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), con el fin de asegurar apoyos en el Congreso de la República para obtener créditos internacionales del Gobierno.
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Como parte de las pruebas, la Fiscalía sostiene que una exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, declaró haber sido presionada por el exministro para autorizar esos desembolsos. Asimismo, que existió un supuesto acuerdo con Velasco para “destrabar” los créditos y asegurar los votos en el Legislativo.
La decisión de radicar el caso ante el Tribunal Superior de Bogotá responde al fuero especial que tienen los exministros.
La solicitud incluye no solo la imputación de cargos (tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos), sino también la petición de medida de aseguramiento, es decir, posible detención preventiva y frente al riesgo de obstrucción o reiteración delictiva.
