Bloomberg Línea — La primera jornada de Paro Nacional en Colombia tuvo baja participación ciudadana y opositores aprovecharon para señalar que el Gobierno de Gustavo Petro no cuenta con apoyo popular, este, a su vez, negó haber convocado las movilizaciones a pesar de apoyar a quienes decidieron hacerlo.
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Para Carlos Arias, analista político y gerente de comunicaciones de Estrategia & Poder, lo que sucedió en la jornada es lo que se evidencia en los estudios de percepción, y es que Gustavo Petro puede tener entre el 28% y el 33% de favorabilidad, pero también tiene entre un 75% a 77% de desfavorabilidad, y “esa es mucho más latente en los centros urbanos que conforman el grueso del censo electoral colombiano, que son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla”.
Entre tanto, “los que pierden, como siempre, son los más pobres y los más vulnerables”, dijo Fernando Cepeda Ulloa, analista político y exministro de Comercio.
El exfuncionario aseguró que las jornadas de paro son “terribles para la economía. Dos días entre semana y justo antes de una semana con festivo. Es prácticamente una semana afectando la economía en los barrios más populares”.
Para Cepeda, las movilizaciones, más allá de no haber sido representativas, fueron inconvenientes para los grupos de trabajadores más humildes y pequeños comercios. “Son ellos los que ven afectada su capacidad de movilizarse y operar con normalidad”.
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Baja participación
La participación ciudadana de las movilizaciones fue baja. Las autoridades en Bogotá reportaron que aproximadamente 3.000 personas participaron.
El primero de mayo pasado, el Gobierno aseguró que 100 mil manifestantes habían salido a las calles a apoyar la consulta popular que radicaba el presidente Petro.
Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, explicó que “las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas”, sin embargo, alertó que un grupo de alrededor de 200 manifestantes afectó la movilidad del sistema de transporte de TransMilenio “causando retrasos e incapacidad para movilizarse para por lo menos un millón de ciudadanos”.
Las cabezas del paro
Al ver la baja participación ciudadana, la oposición al Gobierno Petro aprovechó para asegurar que el líder izquierdista no tiene apoyo popular.
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Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, aseguró que “la ciudadanía no es tonta, ya no le cree a Petro y sus mentiras. Perdió el apoyo popular”.
Sin embargo, a pesar de que desde el 15 de mayo el presidente viene hablando de cómo debe ser el paro y quiénes deben participar de él, desde la mañana del miércoles aseguró que el paro no era convocado por el Gobierno.
Incluso su ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el apoyo del Gobierno a las movilizaciones no implica que haya sido quien las convocó.
“La huelga de hoy no ha sido convocada por el gobierno nacional. Otra cosa es que uno pueda estar en concordancia con algunos sectores de la sociedad de mostrar inconformismo con el senado cuando hundieron de forma fraudulenta robándose la votación de la consulta”, dijo Benedetti.
Tras el hundimiento de la Consulta Popular en Plenaria del Senado, la revista Semana publicó una foto en la que se lee un chat entre el presidente Petro y Benedetti en el que el ministro le consulta al primer mandatario quién debe convocar a la huelga general en el país.
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“Salieron a manifestarse las centrales obreras que han recibido recursos, Fecode que recibió recursos y que entregó recursos de la campaña y algunos jóvenes en su mayoría del SENA”, explicó Arias.
Para Arias, claramente es el Gobierno el que alienta la movilización social y el que llama a la manifestación y no al contrario “como se está intentando dejar ver que es la movilización social que nace de las organizaciones sindicales”.
Pierden los mandatarios locales
Para Arias, las administraciones locales son las grandes perdedoras de la jornada, en especial la de Bogotá. “Les toca distraerse de lo esencial en seguridad, empleo, educación y salud entre otras, para atender las provocaciones”.
Para el analista “la estrategia es la zozobra”, y por ello da por hecho que “pese a los impedimentos legales se va a convocar la consulta por decreto”.
Para Arias, el gobierno puede estar guardado recursos para movilizaciones más adelante, como en ocasiones anteriores, en las que financió los viajes de la Minga indígena hacia la capital del país.
“Lo que puede suceder el domingo, es que una vez se lance vía decreto; porque ese es el anzuelo de provocación del presidente. Se invierten los recursos que no se invirtieron ahora para la movilización”, dice Arias.
El analista asegura que una movilización de gran envergadura, como la de Barranquilla la semana pasada “requiere una inversión gigantesca en alimentación, en logística, en mantener a las comunidades y a las organizaciones varios días. Y seguramente se están guardando”.
Cepeda Ulloa advierte que dicho decreto “sería claramente inconstitucional”, y advierte que “el gobierno no es quién para decir qué es legal y qué no”.
En ese sentido Arias insiste en que el objetivo del Gobierno es adelantar la campaña pues necesita fortalecer sus listas para las elecciones de Cámara y Senado del próximo año, que serán previas a las presidenciales.
“El presidente está jugado a la consulta popular porque es la única forma de poder alimentar la campaña electoral de sus listas a Cámara y Senado”, dice Arias.
Advierte que si no la alimenta por intermedio de la consulta popular, lo que va a terminar sucediendo es que “la precaria gestión del Gobierno, más los líos por los asesinatos de líderes defensores de derechos humanos, salud y las tarifas del gas y muchos otros le van a quitar la reputación necesaria que necesitan sus alfiles políticos para pasar y engrosar las listas o mantener por lo menos hoy los congresistas que tiene en las dos cámaras”, concluyó Arias.