Bloomberg Línea — José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda colombiano (2022-2023) y excodirector del Banco de la República (2017-2019), cree que es “inevitable” que el próximo Gobierno tenga que hacer una reforma tributaria en medio de las presiones fiscales que afronta el país sudamericano y que le llevaron a tener una doble rebaja de calificación crediticia.
“El Gobierno entrante tendrá que hacer una reforma tributaria, lo veo inevitable. Curiosamente, lo que ha dicho este gobierno me parece correcto, que mucho tiene que ir orientado a eliminar beneficios tributarios”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea el exministro Ocampo.
Explicó que si bien en la reforma del 2022 se eliminaron algunos beneficios tributarios, “se mantuvieron otros” que habría que entrar a revisar. “Habría que pensar qué otros se reducen, tanto de impuesto de renta de personas como el impuesto de renta de empresas”.
Otra opción que se podría analizar, según Ocampo, sería aumentar la tasa de tributación de las personas naturales de más altos ingresos.
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En 2024, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso una reforma tributaria con la que buscaba COP$12 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación del 2025, pero en diciembre los legisladores tumbaron el proyecto.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) también considera que el Gobierno colombiano deberá radicar una nueva reforma tributaria para aliviar la deuda actual.
Las presiones fiscales se han convertido en una pesada carga para el país, que arrastra este problema desde la administración de Iván Duque (2018-2022), quien traslada la culpa al actual Gobierno.
El presidente Gustavo Petro dice, a su vez, que las razones del déficit fiscal en Colombia tienen que ver con “las deudas de Duque exageradas”.
Colombia perdió el grado de inversión con Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P) en 2021, durante el gobierno de Duque.
Desde entonces, Moody’s ha sido la única de las tres grandes agencias calificadoras que ha mantenido el grado de inversión para el país, aunque en una categoría muy cercana al nivel especulativo.
El exministro Ocampo recordó que cuando Colombia perdió el grado de inversión a comienzos de siglo, el país tardó una década en recuperarlo. Aunque señala que “esos procesos son largos”, dijo que “si hay un gobierno que tome unas medidas mucho más serias para reducir el déficit es posible que tome menos tiempo”.
“Obviamente, el hecho de que no tengamos grado de inversión con dos (agencias) venía afectando el riesgo de la deuda soberana de Colombia y, por lo tanto, la tasa de interés que obtiene Colombia en los mercados internacionales”, según Ocampo.
“Colombia tiene un costo de financiamiento por su margen de riesgo que supera el de México, Brasil, Chile y Perú. Solamente está mejor que Argentina y Venezuela entre los países más grandes” de la región, apuntó. “El costo de financiamiento internacional privado que eso genera es muy alto”.
A finales de junio, S&P Global Ratings rebajó la calificación de la deuda soberana de Colombia en moneda extranjera de largo plazo de ‘BB+’ a ‘BB’ y mantuvo la perspectiva en negativa ante un deterioro estructural de las finanzas públicas, una desaceleración en el crecimiento económico y un aumento de los desafíos institucionales.
Horas antes, Moody’s Ratings también rebajó la calificación de Colombia desde Baa2 a Baa3, ajustando su perspectiva de negativa a estable y dejó al país en el último escalón dentro del grado de inversión.
Según Moody’s, “la rebaja refleja el deterioro proyectado en los indicadores de deuda del gobierno, que se mantendrán por encima de los límites establecidos por la regla fiscal”.
Tras la rebaja de la calificación de la deuda pública local de Colombia por parte de S&P Global Ratings, los TES perderán su lugar en el índice Global Aggregate, al no cumplir con el requisito de grado de inversión que demanda la metodología.
Para el economista Ocampo, la rebaja de la calificación crediticia era un escenario previsible.
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Explica que, desde hace meses, varios analistas venían advirtiendo que romper la regla fiscal generaría una rebaja de la calificación del país ante el aumento del déficit y de la deuda pública.
Ocampo consideró que “el gobierno tuvo la suerte” de que Moody’s no le quitara al país el grado de inversión, aunque no descartó que esto pueda pasar en el futuro cercano. “Uno no puede decir que es el peor escenario, puede haber escenarios peores, sobre todo dependiendo del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública”.
José Antonio Ocampo advierte que la rebaja en la calificación crediticia puede encarecer el financiamiento del país y eso podría comenzar a afectar las tasas de interés internas. “Ya las tasas de interés de los países venían comportándose relativamente mal y eso puede profundizarse”.
Tras la rebaja de la calificación de Colombia, advierte un impacto en las calificaciones de ciudades como Bogotá y Medellín, lo que afectaría el costo de endeudamiento de gobiernos locales e incluso empresas.
Explica que, como más de la mitad de la nueva deuda del Gobierno se financia con TES, el aumento en sus tasas impacta directamente los costos de endeudamiento.
“Eso también genera obviamente la cautela del Banco de República de bajar tasas de interés de política monetaria”, apuntó Ocampo, quien se refirió también a “los efectos que tienen las tasas de interés de los TES sobre el mercado bancario”.
Por ejemplo, citó un análisis de Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) que muestra cómo el alza en las tasas de los TES a 10 años ya está encareciendo los créditos hipotecarios.
Por qué se descarriló el déficit fiscal
El economista y académico dijo que Colombia comenzó a tener un aumento no tan marcado del déficit tras la caída de los precios del petróleo en 2014 y en los años siguientes.
Sin embargo, la situación se agravó con la pandemia y, especialmente, por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles heredado del gobierno de Iván Duque, que en 2022 representó el 2,5% del PIB.
Ese déficit fue originado por una política pública que mantuvo artificialmente bajos los precios de la gasolina y el ACPM.
“El presidente a veces ha dicho que nos equivocamos pagándole a Ecopetrol (ECOPETL) ese déficit, pero debo decir que ese déficit había que pagárselo a Ecopetrol. Si no se le pagaba a Ecopetrol, se hubiera quebrado. Porque el déficit tenía origen en una política pública: mantener rezagados los precios de la gasolina y del ACPM”.
Aunque afirmó que se logró avanzar en la reducción del déficit asociado a la gasolina, señaló que no se cumplió con el compromiso de iniciar el ajuste del ACPM a partir de julio de 2023, como estaba previsto.
Para corregir el déficit del ACPM, dijo que el únicamente camino posible es aumentar precios. “Debo decir que hay una ventaja adicional ahora y es el hecho de que la los precios internacionales han bajado. Entonces, el ajuste que hay que hacer es un poco menor”.
A los desafíos fiscales mencionados se suma un aumento del gasto de funcionamiento, especialmente en burocracia, que José Antonio Ocampo considera uno de los principales problemas actuales.
En ese sentido, recordó que el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas (2012-2018) ha insistido en que existe una gran cantidad de contratos de funcionamiento y de personal que podrían ser eliminados o, al menos, gestionados con mayor eficiencia.
Frente a otros gastos, aclaró que deben revisarse rubro por rubro, ya que es difícil hacer generalizaciones.
Las medidas que podrían ser tomadas
El exministro Ocampo señaló que el próximo Gobierno enfrentará una presión fiscal considerable.
En todo caso, opinó que el Gobierno ha adoptado una postura más prudente en sus estimaciones de ingresos, señalando que estas deben ser lo “más cercano a un escenario realmente viable”.
En cuanto a las posibles acciones, dijo que se debe analizar cómo recortar el gasto público, poniendo especial atención en la inflexibilidad del gasto estatal y en la duplicidad.
“Para mí, por ejemplo, un tema muy importante, particularmente por el aumento de la participación de las regiones en los impuestos nacionales, es cómo se van a repartir las responsabilidades en las áreas que tienen competencia doble, en particular educación y salud, para evitar duplicidad de gasto”, anotó el exministro.
En su opinión, el dinamismo económico que tiene ahora la economía de Colombia “no tiene nada que ver con el gasto público. Es un dinamismo estrictamente del sector privado y yo creo que ese dinamismo se puede mantener”.
“Lo que diría yo que es más importante es darle confianza al sector privado, que es un tema que ha sido complejo bajo el gobierno actual”, señaló Ocampo.
Goldman Sachs resalta que el gasto total subió de 19,9% del PIB en 2019 a 24,2% en 2025, mientras que el 88% del presupuesto corresponde a partidas rígidas.
Además, advierte que cada punto porcentual de aumento real en el salario mínimo implica COP$1 billón adicionales en gasto público por la indexación de salarios y pensiones.
Con este escenario, el banco proyecta que Colombia tendrá un déficit fiscal de 7,3% del PIB en 2025 y de 7,0% en 2026, cifras superiores a las metas oficiales. Además, estima que la deuda pública neta se incrementará hasta 64% del PIB en 2026,alejándose del ancla de la regla fiscal de 55%.
Por su parte, Bank of America revisó al alza su proyección de déficit del gobierno central para 2025, desde 6,1% hasta 7,1% del PIB, y para 2026, de 5,7% a 6,5%, niveles que implican un aumento sostenido de la deuda pública.
“Déficits fiscales elevados probablemente harán que la relación de deuda pública supere el 60% del PIB”, indicaron los expertos, que ahora prevén una deuda bruta de 61,7% en 2025 y 64,3% en 2026, frente al 59,9% proyectado para 2024.
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