Bloomberg Línea — La estrechez de recursos del Gobierno de Gustavo Petro ha avivado los temores de incumplimiento de la regla fiscal este año, pero con una estrategia administrativa el presidente podrá “patear” el problema para 2026 y que sea el Gobierno que llegue sea el que lo resuelva.
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Hace apenas unos días el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto con el que busca aumentar las tarifas de autorretención de algunas empresas con el propósito de recibir en 2025 recursos que en el esquema actual llegarían en 2026.
La justificación del Gobierno Petro es que, según un análisis realizado por la Dirección General de Política Macroeconómica, por la notable reactivación económica en 2024 hay un desfase creciente entre las autorretenciones practicadas por los contribuyentes y el valor final del impuesto a pagar.
Particularmente, los sectores extractivos y energéticos como la minería del oro, la extracción de gas natural, o la generación de energía eléctrica enfrentarán las tasas más altas.
Sin embargo, ese decreto que viene en camino ya fue cuestionado y rechazo por comerciantes e industriales del país. Además, los opositores al Gobierno y analistas políticos ven la jugada como una movida para buscar caja para hacer campaña desde el Gobierno pensando en las elecciones de 2026.
Sobre el decreto que construye Hacienda, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió que “el proyecto de decreto es inconveniente para el país, en tanto afectaría la liquidez de las empresas que ya atraviesan una caída sostenida en la producción y las ventas”.
El presidente de la ANDI rechazó el proyecto justo después de que el DANE reportara una contracción del 1,2% en la producción industrial de Colombia.
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Pero más allá del impacto que tendría la decisión en el sector empresarial, Mac Master asegura que los recursos que tomará el Gobierno servirán para financiar este año a costa de los impuestos que se pagarán en 2026.
“Se está buscando aumentar las retenciones de impuesto de renta de este año, contra el impuesto del año entrante, para financiar al Gobierno nacional central. Sin embargo, al mismo tiempo la Contraloría advierte que hay más de COP$105 billones guardados en reservas físicas y fiducias, y a la vez, se tienen COP$8,6 billones sin ejecutar. Esta situación aplaza el gasto, impide tener una correcta trazabilidad pública y no permite conocer el estado real de las finanzas, afectando la planeación del gasto y de nuevos proyectos”.
Entre tanto, Jaime Alberto Cabal dijo que los cambios en las reglas del juego son una movida del Gobierno pensando en las elecciones de 2026 y que el candidato afín al petrismo mantenga el poder, pero, además, ampliando el déficit fiscal de Colombia que ya es cuestionado por expertos y calificadoras de riesgo.
“Con esta nueva propuesta, se afectarían seriamente los cálculos de ingresos para el año inmediatamente siguiente, generando un déficit fiscal aún mayor al que deja este gobierno”.
De otro lado, Carlos Arias, gerente de Estrategia & Poder, y analista político con doctorado en psicología, asegura que lo que esa movida muestra es que el Gobierno busca poder para mantener su ideología en las elecciones de 2026, y que, de no lograrlo, deberá dejar sembradas las condiciones para regresar en 2030.
“Este Gobierno lo que está buscando es quedarse en el poder de alguna forma y en el caso de no quedarse en el poder, generar todo el ambiente propicio para regresar al poder lo más pronto posible”, dice Arias, quien, además, asegura que parte de esa estrategia contempla “deslegitimar las instituciones como ya lo ha venido haciendo”.
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Sostiene también que una movida como la que planea Hacienda, la cual aclara evalúa desde el punto de vista político y no económico, intenta que, en caso de ser reemplazados por un Gobierno de centro o derecha, este “fracase y esto le permita a la izquierda retomar su discurso de que ellos son el cambio y de que ellos son la verdadera transformación, sino que no tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo”.
Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, ve aspectos interesantes en el proyecto de decreto, aunque aclara que lo mejor habría sido presentarlo en 2023 o 2024 y no en año preelectoral.
“Hay sectores económicos en los que hay una diferencia muy grande entre la retención y el pago efectivo el año siguiente del impuesto de renta” dice, y explica que “si hay forma de hacer que eso no sea tan diferente, incluso las propias empresas se podrían ver beneficiadas”.
E incluso, dice que “si les toca pagar mucho después de haberles hecho la retención, pues de todos modos van a tener un problema de caja en su momento”.
Langebaek advierte que la medida generará que haya “más caja este año y menos caja el próximo año”, y enfatizó en que, si bien les quedarán ocho meses por gobernar, “la situación para el próximo gobierno en los primeros meses va a ser extremadamente difícil”.
