Bogotá — Este viernes 14 de febrero el Gobierno Petro expidió el decreto que impone nuevos impuestos en el marco de la conmoción interior por la crisis en el Catatumbo, medidas que de acuerdo con la normativa estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.
Entre las medidas tributarias están la contribución especial de 1% a las exportaciones del sector de extracción de petróleo y carbón.
También el impuesto de timbre (1%) para recaudar y el IVA de 19% a los juegos de suerte y azar electrónicos.
“Será el depósito en dinero, entendido como el pago en efectivo o las transferencias de dinero o criptoactivos realizado por cada usuario apostador al operador de juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, para ser abonados en su cuenta de usuario y obtener el derecho a apostar, a partir de la aplicación de este decreto”, especifica la normativa.
Se crea el Impuesto Especial para el Catatumbo, que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias 27.01 y 27.09, al momento de la primera venta o la exportación.
Esas partidas arancelarias hacen referencia a hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla; y aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
Con el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, el Gobierno Nacional declaró “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
La norma de excepción cobija a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar (Río de Oro y González), que están recibiendo desplazados.
“Se presenta una perturbación extraordinaria del orden público en la región del Catatumbo, derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente”, dijo el Ejecutivo.
Los enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y las disidencias del frente 33 de las antiguas Farc han dejado más de 42.000 desplazados, más de 80 muertos en su mayoría civiles ajenas al conflicto incluidos 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares, y más de 7.000 personas que permanecen confinadas en zonas rurales de Tibú, Teorama y San Calixto.
