Bloomberg Línea — El Ministerio de Transporte publicó para comentarios un proyecto de decreto que busca modificar el Decreto 1079 de 2015, proponiendo que el el esquema de modernización vehicular uno a uno se extienda a los vehículos livianos con capacidad entre cinco y 10 toneladas. Sin embargo, la medida generaría efectos perjudiciales para el comercio exterior.
Así lo argumenta Analdex, que señala que se podrían incrementar los costos logísticos para los generadores de carga, debido a posibles restricciones en la oferta de transporte y aumentos en las tarifas de flete.
Una propuesta que además, dice el gremio, afecta directamente el desafío de modernizar la flota de transporte, aspecto clave para mejorar la eficiencia y competitividad del comercio exterior colombiano.
“La imposición de este esquema restringe la capacidad de las empresas generadoras de carga y transportadores, en especial los pequeños, para adquirir nuevos vehículos, ya que condiciona la compra a la desintegración de unidades antiguas”, dice la Asociación.
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Los empresarios señalan que al exigir la chatarrización de un vehículo liviano viejo, para permitir el ingreso de uno nuevo, el valor comercial de los vehículos podría incrementarse, generando un efecto secundario en la estructura de costos reflejada por el SICE-TAC (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga), con impacto directo en las tarifas de transporte de carga.
Lo que los deja en una posición poco favorable frente a socios comerciales como Estados Unidos, ya que se restringiría aún más la venta de vehículos de carga en el país para prestar el servicio público de transporte de carga, generando presiones en fletes también hacia arriba y controversias comerciales con socios como EE. UU. y la Unión Europea.
A lo que se suma que, en un contexto donde EE. UU. está revisando qué restricciones comerciales les aplica a sus socios comerciales, esta barrera implicaría una gran probabilidad de que le impongan a Colombia una medida retaliativa a las exportaciones, siendo un tema directamente responsabilidad del Gobierno Nacional.
Igualmente, dentro de los cambios de la normativa, se establece una tabla obligatoria de fletes, bajo el SICE-TAC. Esta medida, puntualiza Analdex, generaría mayores sobrecostos a los generadores de carga y representaría un retroceso en la política de libertad vigilada de tarifas, afectando la competitividad del comercio exterior y dejando a los exportadores en clara desventaja frente a otros países competidores de la región.
Por otro lado, especifica el gremio, la implementación obligatoria del SICE-TAC no considera las dinámicas reales del mercado, lo cual podría penalizar prácticas eficientes. “Este hecho contradice abiertamente lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se menciona que los costos del SICE-TAC solo serían una referencia”.
Según la Encuesta Nacional Logística del Departamento Nacional de Planeación, el costo logístico sobre las ventas para una empresa colombiana es del 17,9%. Este costo es casi el doble de lo que tiene que incurrir el promedio de los países OCDE, que está alrededor del 9%.
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El sector de comercio exterior refiere que el Gobierno está promoviendo el incremento de aranceles al sector automotriz, siendo el transporte de carga directamente afectado, y que las presiones que el Ejecutivo está generando para que las exportaciones colombianas sean menos competitivas, no permitirán que se desarrolle una política de internacionalización que haga crecer el número de empresas colombianas y que vendan sus productos en los mercados internacionales.
“Hacemos un llamado respetuoso al Ministerio de Transporte, en cabeza de su ministra, para que genere una política equilibrada que considere integralmente la visión de los generadores de carga, y no únicamente la perspectiva de uno de los actores de la cadena”, resalta Analdex.
