Bloomberg Línea — El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de Diana Marcela Morales, publicó un proyecto de decreto para que se hagan comentarios y que pretende integrar a los cantores de economía popular al régimen de zonas francas en Colombia.
La normativa en mención busca modificar el Decreto 2147 de 2016 “con el fin de enriquecer su contenido y construir una normativa más participativa, técnica y ajustada a las necesidades del país”, señaló la cartera en mención.
En Colombia las zonas francas tienen como finalidad ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital, así como ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezcan.
El objetivo del Ejecutivo es que las unidades productivas de la economía popular puedan hacer parte de procesos de encadenamientos productivos nacionales, genere más empleo y se fortalezca el tejido empresarial y social del país.
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“Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Gobierno Petro por fortalecer la economía popular como motor del desarrollo productivo y la inclusión social en los territorios”, dijo la ministra.
En el proyecto de decreto se crean las zonas francas permanentes especiales de economía popular, figura de la que harían parte los micronegocios, unidades productivas y microempresas del sector en el régimen de zonas francas.
La economía popular la componen una serie de actividades económicas que desarrollan grupos y comunidades, que no tienen acceso al mercado laboral, y que las hacen manera autónoma y solidaria. Entre ellas están, mercados campesinos, microempresas de varios rubros, reciclaje, y artesanías.
Su implementación está pensada a través de requisitos específicos para declarar zonas francas permanentes especiales, así como mediante el establecimiento de metas claras de inversión y creación de empleo.
Además, se facilitará que estas unidades productivas se instalen dentro de las zonas francas mediante figuras asociativas o individuales.
Las unidades productivas de la economía popular, dice el decreto, tendrán respaldo para acceder a programas de asistencia técnica, fortalecimiento empresarial, acceso a financiación, entre otros, que impulsen su formalización y sostenibilidad, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con otras entidades del Gobierno nacional.
El decreto también indica que se podrá autorizar la instalación y funcionamiento de empresas de apoyo, dentro del área declarada como zona franca, para desarrollar actividades tales como servicios de vigilancia, mantenimiento, guardería, cafeterías, entidades financieras, restaurantes, capacitación, atención médica básica de empleados, transporte de empleados y otros servicios que se requieran para el apoyo de la operación de la zona franca.
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Asimismo, el decreto da prioridad a la vinculación de organizaciones de carácter asociativo, empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, mutuales y otras formas de organización solidaria, o personas dedicadas a actividades de la economía popular, siempre que cuenten con la capacidad para prestar el bien o servicio requerido.
Estas empresas no gozarán de los incentivos de los usuarios de las zonas francas y se someterán a los controles previstos para el manejo y control de mercancías.
La autorización de instalación o retiro de las empresas de apoyo, incluidas aquellas pertenecientes a la economía popular, será reportada por el usuario operador al Ministerio.
En el país, las zonas francas también tienen como objetivos desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas prácticas empresariales; promover la generación de economías de escala; y simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta.
