Bloomberg Línea — La Corte Constitucional de Colombia declaró ajustada a la Constitución la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas.
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Con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, el tribunal reafirmó que estas prácticas generan sufrimiento animal y no pueden ampararse en la diversidad cultural.
Además, la Corte amplió el alcance de la ley: declaró inconstitucional la exclusión que permitía continuar con cabalgatas, corralejas, coleo y peleas de gallos. Sin embargo, concedió un plazo de tres años de transición para reconversión laboral y cultural en estas actividades.
Impacto económico y social de la prohibición
La prohibición de la tauromaquia en Colombia marca un cambio profundo. Plazas como La Santamaría en Bogotá y Cañaveralejo en Cali, que antes albergaban corridas, deberán destinarse a usos culturales, recreativos o deportivos.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Tauromaquia, el sector generaba alrededor de 15.000 empleos directos y 30.000 indirectos. El Gobierno anunció programas de reconversión laboral para matadores, ganaderos y personal técnico que dependían de la industria taurina.
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Decisión jurídica: claves del fallo
- Exequibles los artículos 4 y 5: Se mantiene la prohibición de corridas, rejoneo y novilladas.
- Validez integral de la Ley 2385: La Corte rechazó demandas sobre libertad de expresión, patrimonio cultural y propiedad privada.
- Inexequibilidad parcial: Se eliminó la excepción que permitía cabalgatas, corralejas y peleas de gallos.
- Periodo de transición: Tres años para que regiones y gremios ajusten sus ferias y fiestas.
Un cambio histórico en la tauromaquia en Colombia
Con esta decisión, Colombia se suma a otros países latinoamericanos que han prohibido las corridas de toros. Organizaciones animalistas celebran la medida como un paso hacia el bienestar animal, mientras que defensores de la tauromaquia aseguran que llevarán el caso a instancias internacionales.
El reto ahora es la implementación: el Gobierno y las alcaldías deberán asegurar que la transición cultural y económica se realice sin afectar gravemente a quienes vivían de estas prácticas.