Bloomberg Línea — El presidente Gustavo Petro sancionó la nueva ley laboral de Colombia aprobada por el Congreso, pese a las advertencias que algunos empresarios lanzaron sobre su impacto en los trabajadores informales, los más pobres y los más jóvenes.
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“El debate se centró en recargos nocturnos y dominicales, pero el gran reto para las empresas estará en el contrato de aprendizaje del SENA”, advierte Rafael Guerrero, abogado laboralista de Posse Herrera Ruiz.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una entidad del estado encargada de ofrecer formación gratuita en programas técnicos, tecnológicos y complementarios como artesanía, cocina, contabilidad o sistemas.
Guerrero dice que el gran impacto económico de la laboral, impulsada por el Gobierno Petro, está en la modificación de la naturaleza de los contratos de aprendizaje.
“Estos contratos pasan a ser unos contratos especiales de trabajo a término fijo y básicamente les aplica todas las disposiciones del Código Substantivo de Trabajo”, dice Guerrero, quien, además, dice que la ley también aumentó los costos de monetización, que es la alternativa de las empresas para no tener a estos trabajadores.
Con la nueva norma, los aprendices tendrán derecho a salario, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social, beneficios extralegales, e incluso van a poder ser beneficiarios de pactos colectivos y de cualquier política extralegal de la compañía, lo que, dice el jurista de Posse Herrera Ruiz, “hace que se vuelva muy gravoso el costo de este tipo de relaciones en materia de vinculación laboral”.
En la ley quedó estipulado que, en la etapa lectiva, las empresas deberán pagar al aprendiz el 75% de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y afiliarlo a salud y riesgos laborales.
En la etapa práctica, el costo se incrementa pues las empresas deberán pagar el 100% de un salario mínimo, y el aprendiz deberá cotizar la totalidad de la seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales), además de tener derecho a prestaciones sociales y demás beneficios laborales.
ANIF, un centro de pensamiento en Colombia, advierte que “al equiparar los costos de un aprendiz con los de un trabajador experimentado, las empresas perderán el incentivo económico para contratar jóvenes sin experiencia, optando por personal ya formado”.
En ese sentido, para ANIF, la reforma compromete las oportunidades de primer empleo de millones de jóvenes, limitando a las empresas al cumplimiento mínimo de cuotas legales y reduciendo la contratación voluntaria.
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“Esto podría representar una carga económica adicional significativa para el empleador, quien deberá asumir dichos costos asociados a los beneficios convencionales y a su vez puede generar dificultades en la gobernabilidad de las empresas”, advirtió Felipe Quintero, abogado laboralista y socio en Quintero y Quintero Asesores.
Quintero considera que para muchas empresas resultará más conveniente monetizar la cuota de aprendizaje, “lo cual les permitiría generar un ahorro estimado de aproximadamente el 16% (en la fase practica), en comparación con los costos asociados a la vinculación directa de un aprendiz bajo las nuevas condiciones”.
Guerrero detalla que la reforma laboral permite que las empresas utilicen la figura de la monetización, que “básicamente es transformar esa cuota SENA de contratos, en plata”.
Sin embargo, aclara que la reforma laboral aumentó los costos de esa monetización y si una empresa quiere acudir a esta figura, “deberá pagar 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada aprendiz”.
Si las empresas no los contratan y no monetizan, están sujetos a sanciones y multas por la omisión en el cumplimiento a la obligación, la cual incluye la obligación de cumplimiento.
“Eso quiere decir que, si no se cumplió con un periodo de la cuota, la van a condenar a ese pago, más unos intereses moratorios que son bastante altos”, dijo Guerrero.
En las cuentas de ANIF, la reforma convierte el contrato de aprendizaje en un contrato laboral pleno, elevando los costos de contratación en más del 105% (de COP$1.075.027 a COP$2.204.727 mensuales) al incluir todas las prestaciones laborales tradicionales.
Defensores de los cambios
El Gobierno y los ponentes de la reforma en la Cámara de Representantes han sido los mayores defensores de los cambios introducidos, en especial, los ligados al SENA.
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Según María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el oficialista partido Pacto Histórico, no todos los empresarios van a preferir la monetización del Sena sobre la contratación de aprendices.
Entre sus argumentos está el que los aprendices del SENA “son muy valorados por el empresariado, más del 93% de más de 170 mil empresas encuestadas prefieren a los aprendices del SENA porque valoran su formación”.
Además, la congresista dice que “muchos ven en ello la oportunidad de formarlos para que se queden en sus empresas”, y que por ellos “lo que sí les saldría más caro es salir a buscar mano de obra al mercado que posiblemente no tenga la misma formación, pero si más experiencia y eso cuesta más”.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que “este es un paso histórico hacia un país más justo, con trabajo digno, estable y con garantías para mitades colombianas y colombianos”.
Dijo que ahora el crecimiento económico debe traducirse en bienestar para quienes lo hacen posible: los trabajadores. Pese a ello, asegura que “infortunadamente, Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo”.
En 2002, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), los contratos que firmaban los aprendices del SENA perdieron su carácter de contrato laboral, junto con el pago del salario y las prestaciones sociales, cuando fue aprobada una reforma laboral por el Congreso, promovida por el expresidente y la coalición de gobierno de entonces.
