Bogotá — Un recorte presupuestal de COP$12 billones llegó antes de que finalizara el primer mes de 2025. Además de los destinatarios de recursos afectados, entre los que se encuentran Bogotá y el Consejo Nacional Electoral (CNE), la decisión del Ejecutivo antecede una tensa relación entre el Gobierno Petro y el Congreso de la República este año.
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Fernanda Posada, consultor político, expresó que el hecho de que la ley de financiamiento se haya hundido, así como que el Gobierno y el Congreso no hayan llegado a ningún acuerdo sobre los puntos medios del proyecto y también sobre el presupuesto general de la Nación, ha dificultado la relación de cara a la segunda parte de la legislatura que comienza en febrero.
“Esto va a tener especial implicación teniendo en cuenta que comienza un periodo de temporada electoral. Los congresistas están pensando menos en la legislatura y más en las elecciones, en su reelección; los representantes en pasar al Senado y los senadores en mantenerse”, sostuvo.
A lo que agregó que al mismo tiempo las reformas que les puedan resultar problemáticas y cuyo voto les pueda pesar en la temporada electoral, como por ejemplo una nueva reforma tributaria o la reforma a la salud, “son cada vez menos posibles en este momento. Lo que va a hacer que muy probablemente la relación del presidente Petro con los partidos y el Congreso sea particularmente tensa en 2025″.
Si bien el Ministerio de Hacienda argumentó en el decreto expedido del recorte presupuestal que ejerció la facultad de aplazar determinadas apropiaciones presupuestales en forma razonable y proporcionada, respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder y entidades autónomas, algunos congresistas no lo ven así.
“La característica de este Gobierno es el desconocimiento a la autonomía del Congreso y su interés de imponer sus dañinas reformas tributarias. Culpar ahora al legislativo del recorte presupuestal es mentiroso y ruin”, expresó el senador Carlos Fernando Motoa.
Añadió que es inquietante el recorte a las Fuerzas Armadas, que será de COP$1,2 billones, y que el Ejército es el más afectado (con COP$152.000 millones). “La FAC, la Armada y la Policía también perjudicados. ¿Para cuándo el recorte en burocracia?”.
Para la senadora Angélica Lozano, el presidente Petro sí tiene la capacidad de tomar la decisión de hacer ese recorte, pero resaltó que la Corte Constitucional obliga y ordena a justificar por qué se recorta un gasto y no otro, por qué se suspende un proyecto y no otro. “Hay una alerta doble, ¿qué pasa con las mesadas pensionales de los colombianos tras ese recorte a Colpensiones (COP$2,7 billones); y segundo, la infraestructura que genera empleo y mano de obra está siendo gravemente afectada”.
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Explicó que en la capital colombiana, donde el Metro avanza con contundencia, se le quitan los recursos, y que lo mismo sucede con el Regiotram de Occidente (tren que va de Facatativá a Bogotá), el Acueducto de Cali, el Metro de La 80 en Medellín, el Sistema de Transporte en Ibagué, entre otros.
“El Presidente tiene que argumentar. No puede hacer un recorte caprichoso y sin sustento. ¿Por qué justamente se afectan estos proyectos que no tenían que ser cubiertos y que no eran atendidos con la ley de financiamiento que se impuso?”, cuestionó la congresista.
De los COP$12 billones también se recortan COP$600.000 millones al CNE (un tijerazo de 56,75% al presupuesto de esa entidad). Al respecto, el Consejo indicó que no observa un criterio de proporcionalidad ni de razonabilidad en atención a la autonomía de esta autoridad electoral.
Asimismo, que queda en riesgo la realización de las elecciones de Consejos Municipales de Juventud y las actividades preparatorias para las elecciones de Congreso de la República y Presidenciales a celebrarse en 2026.
Sobre este punto, el analista Posada refirió que es sumamente grave esta medida porque puede poner en riesgo la estabilidad de la institucionalidad electoral y el cumplimiento óptimo de todos los compromisos del calendario electoral. “El Presidente dice que los partidos políticos son los responsables al no aprobar la ley de financiamiento tal como el Gobierno la buscaba. En temporada electoral, el mandatario tendrá ese comodín y ese argumento con de culpa a los partidos y al Congreso”.
También se decretó el recorte de: COP$770.000 millones al Metro de Bogotá, COP$785.000 millones al sector defensa, COP$1,2 billones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); COP$2,8 billones al Ministerio del Trabajo (de esos COP$2,7 billones son de Colpensiones).
Posada también sostuvo que la decisión del Ejecutivo nuevamente pone en el centro de la discusión la relación complicada entre el Gobierno Nacional y las alcaldías y gobernaciones cuando se hacen proyectos que no son de todo el gusto del presidente Gustavo Petro.
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Y que lo que se ha visto en los últimos dos años es que el problema principal no es el presupuesto por falta de recursos, “recursos sí hay y eso lo podemos ver por la manera en que se ha denunciado tanto despilfarro en entidades públicas y por la baja ejecución en políticas públicas en varios de los Ministerios”.
Con lo que concluyó que estas son señales de que con un presupuesto menor el Gobierno sí puede operar y que estos recortes, en temas tan cruciales, dejan preocupaciones muy claras que no deben ser dejadas a un lado por la ciudadanía.
