Bloomberg Línea — El presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República se alistan para medir una vez más sus fuerzas por cuenta de la consulta popular que será radicada en el Senado el próximo primero de mayo y la elección de magistrado de la Corte Constitucional, en la que el jefe de Estado jugó sus cartas a favor de su abogado personal.
Dos apuestas del Ejecutivo que no la tendrán fácil en el legislativo debido a que, en ninguna de las dos, el Gobierno tiene mayorías. Una situación de la que es consciente el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que, si bien no las tienen, es optimista frente a su aprobación.
“Las preguntas de la consulta popular son loables, necesarias, están basadas en convenios internacionales, con fallos de la Corte Constitucional, ¿por qué el Congreso diría que no? Ahora, por qué unas personas que fueron elegidas popularmente le van a negar el pueblo la posibilidad de votar”, dijo el funcionario.
En ese sentido, dio el ejemplo de otros mecanismos de votación popular que fueron avalados en el pasado: el referendo del expresidente Álvaro Uribe Vélez de 2003, en el que la mayoría de las preguntas no fueron aprobadas porque no alcanzo el umbral electoral, y el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz del expresidente Juan Manuel Santos, “si aquí no se aprueba, lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y el presidente de la República”.
El senador opositor del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, dijo que la única conspiración es la de Petro para aferrarse al poder a través de los recursos públicos. “Hacen politiquería con los impuestos de los colombianos. Desde el Senado seguiremos enfrentando al Gobierno que tanto daño le ha hecho al país”, señaló.
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La consulta popular que radicará el Gobierno tiene un total de 12 preguntas, todas relacionadas con las propuestas que contenía la reforma laboral del Presidente, proyecto de ley que se hundió en la Comisión Séptima del Senado de la República el pasado 18 de marzo y luego de recibir ocho de catorce votos en contra.
Entre los interrogantes están: ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?; ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? y ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
Al respecto, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, comentó que muchas de esas preguntas deben hacer parte de una reforma laboral bien hecha y no de una consulta popular que va a costar miles de millones “que van a terminar de reventar al país y cuyo único propósito es politiquero”.
La elección de magistrado de la Corte
Fernando Posada, consultor político, le dijo a Bloomberg Línea que en este momento el Ejecutivo tiene dos desafíos importantes, ambos en el Senado: la consulta popular, con la que Petro “se está jugando todo su capital político, pero también toda su agenda”; y la votación para magistrado de la Corte Constitucional.
Sobre esa elección, a cargo del Senado, el jefe de Estado presentó su terna el pasado 15 de abril con un favorito claro, su abogado de confianza: Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien lo defiende además en su proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Carvajal es gerente de su bufete, Carvajal Londoño, y ejerce como conjuez en la Segunda Sección del Consejo de Estado.
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También están Karena Caselles Hernández, quien ha sido jueza de la República, magistrada auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional. Es fundadora de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo.
Y Dídima Rico Chavarro, académica, coordinadora de Proyectos, defensora pública y magistrada auxiliar del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP en la Sección de Ausencia de Reconocimiento y Verdad del Tribunal de Paz.
Al respecto, Posada refirió que claramente hay un candidato que es más cercano al presidente Petro y al que van a querer dedicarle la mayor cantidad de fuerza desde el partido de Gobierno. “La pregunta ahí es si el resto del Congreso, del Senado en este caso, va a apoyar al candidato del mandatario”.
Los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que presentan el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Estos magistrados no pueden ser reelegidos.
