Bloomberg Línea — Frente a la delicada situación fiscal que vive Colombia en la mesa está el interrogante de si el Gobierno de Gustavo Petro aplazará más pagos de deuda en 2025, buscando tener un mayor soporte financiero, pero con un rezago presupuestal importante.
La pregunta es aún más relevante cuando se requiere un ajuste fiscal que, según cálculos del CARF (Comité Autónomo de la Regla Fiscal), puede ser de hasta COP$75 billones, o 4,1% del PIB.
En 2024, el rezago presupuestal, que hace referencia a la suma de las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de una vigencia fiscal que quedan pendientes para la siguiente, alcanzó el nivel más alto desde 2012. Actualmente, representa el 13,4% del Presupuesto General de ese año.
Ello se traduce en un monto de COP$55,4 billones que deberían ser pagados en 2025.
A marzo pasado, el Ejecutivo, en cabeza del Ministerio de Hacienda, había pagado COP$27,6 billones de los COP$55,4 billones, es decir, un 50% del rezago. Los desembolsos, además de las presiones en la caja, muestran que el rezago presupuestal refleja problemas de ejecución del gobierno.
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Al respecto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras advierte que las presiones fiscales de este año (menores ingresos y aumentos del gasto) podrían generar un entorno en el cual el Gobierno podría verse tentado a posponer nuevamente parte de la ejecución presupuestal para cumplir con el escenario fiscal".
La entidad privada, que hace estudios sobre la economía del país, explica que más allá de un asunto contable, este rezago funciona como válvula de escape para el gasto público, ya que permite aplazar pagos para simular cumplimiento de metas fiscales, trasladando el problema al año siguiente.
“Con menores ingresos proyectados y mayores gastos en 2025, el Gobierno podría verse tentado a volver a aplazar pagos, repitiendo la estrategia para evitar un incumplimiento fiscal visible", enfatiza el centro de pensamiento.
Así mismo, alerta que incrementar el recaudo en 2025 a través de modificaciones a la retención en la fuente no sólo afectaría negativamente la caja del sector privado, sino que podría comprometer la situación fiscal del próximo Gobierno y del país si se hace una mala calibración.
Presiones adicionales sobre las finanzas públicas
En su más reciente informe al Congreso de la República, el CARF habla de un deterioro sustancial de las finanzas públicas en 2024.
El déficit del GNC (Gobierno Nacional Central) alcanzó el 6,7% del PIB, lo que fue superó en 1,1 puntos porcentuales la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024, debido a menores ingresos tributarios y a un mayor gasto primario respecto de lo programado.
La deuda neta del GNC se incrementó a 59,3% del PIB, alejándose del ancla de 55% y elevando las presiones sobre la sostenibilidad fiscal.
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Se trata de una caída en los ingresos tributarios explicada principalmente por la menor dinámica del impuesto de renta (especialmente proveniente de los sectores de petróleo y carbón), mientras que el gasto primario se expandió, en parte debido a la ejecución de la reserva presupuestal constituida en 2023, y a las altas inflexibilidades del gasto.
Si bien para este año el Gobierno Petro proyecta una reducción del déficit a 5,1% del PIB, consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal, el CARF advierte sobre riesgos importantes asociados a la incertidumbre en el recaudo y a la presión de gasto inflexible.
Específicamente, el Comité prevé, en su escenario base, la necesidad de hacer un ajuste fiscal de, al menos, COP$46 billones (2,6% del PIB). En un escenario alternativo, si incluye la materialización de riesgos, ese ajuste ascendería a cerca de COP$75 billones o 4,1% del PIB.
“Se prevé que el gasto del GNC, que ya de por sí está en niveles elevados, con relación a los ingresos y a los registros históricos, enfrente presiones sustanciales en la próxima década”, destaca el CARF.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, si no se hace ese recorte, el Gobierno va a continuar enfrentando graves problemas de liquidez como los tuvo el año pasado, en donde la falta de caja no le permitió cumplir con todos sus compromisos, y que el costo del financiamiento para la nación continuará la alza.
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“Eso se traduce en que en que tanto las empresas como los hogares tendrán también mayores costos de endeudamiento, disminuirá la inversión y el crecimiento económico. Eso también agravará aún más el problema fiscal”, sostuvo.
