Bogotá — Gustavo Petro, presidente de Colombia, buscará que las marchas de este martes en todo el país resten validez a las encuestas de percepción que sugieren que ha perdido apoyo ciudadano.
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Para demostrar su poder de convocatoria, el presidente declaró día cívico en todo el país, permitiendo que los empleados públicos del orden nacional asistan a las movilizaciones programadas en apoyo a las reformas a la salud y laboral, las cuales no han tenido un trámite exitoso en el Congreso.
Aunque el presidente asegura que “ningún patrón podrá decir que despida al trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos”, es importante tener en cuenta que el día cívico no cobija a los trabajadores del sector privado ni a los empleados públicos de orden territorial. Es decir, aquellos vinculados a alcaldías y gobernaciones deberán acatar las directrices de cada entidad.
De hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue uno de los primeros en señalar que la ciudad continuará operando con total normalidad y que sus funcionarios no participarán en el día cívico.
“Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y acceso a alimentación escolar. Todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 Centros Día para la vejez, 12 Centros Amar para la prevención del trabajo infantil y 16 Centros Crecer para niños y niñas con discapacidad”, afirmó el alcalde.
Ruido de las encuestas
Desde el inicio de la presidencia de Petro, el nivel de desaprobación de su gestión ha ido en aumento, mientras que su respaldo ha disminuido.
La más reciente medición de Invamer, realizada en febrero de 2025, mostró que la desaprobación del presidente se ubicó en el 63 %, mientras que la aprobación fue del 32 %.
La ciudad donde el jefe de Estado tiene la mayor desaprobación es Bucaramanga, con un 80 %, mientras que en Cali registra su mayor nivel de aprobación, con un 44 %.
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Meses antes, en diciembre de 2024, la misma firma preguntó por las reformas del presidente Petro, las cuales también tenían una mayoría en contra.
Según la encuesta de Invamer, el 64 % de los consultados considera que Colombia va por mal camino, aunque este resultado muestra una leve mejora frente a agosto de 2024, cuando la cifra alcanzó el 67 %. Para diciembre, el 27 % de los encuestados opinaba que el país iba por buen camino.
El 58 % de los ciudadanos consultados manifestó su desacuerdo con las reformas del Gobierno, mientras que el 34 % expresó su apoyo.
La política de ‘Paz Total’ cuenta con una desaprobación del 64 %, frente a un 27 % de favorabilidad. En cuanto a los servicios de salud, el 48 % los desaprueba, mientras que solo el 20 % califica como positiva la intervención del Gobierno en las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Se anticipa la campaña
El llamado a las calles por parte del presidente Petro, según Carlos Arias, analista político y gerente de Estrategia & Poder, es una forma de anticipar la contienda electoral del próximo año, no solo en lo referente a la elección presidencial, sino también a las de Senado y Cámara.
“Esta no es una marcha que busque verdaderamente un ejercicio de gobierno. Esta es una marcha electoral”, advierte Arias.
El analista sostiene que, en términos estratégicos y a largo plazo, el propósito de las marchas es electoral. A su juicio, el presidente busca empezar a calentar el ambiente político para 2026.
“Por esa misma razón, todos los congresistas y miembros del Pacto Histórico, incluidos los del Gobierno, se fueron a las regiones a agitar la movilización. El interés es preparar el terreno para la campaña de 2026, dado el enfriamiento y la mala reputación asociada a la gestión gubernamental”, explicó Arias.
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Asimismo, considera que las movilizaciones convocadas por el Gobierno sirven para que el presidente “siga construyendo su discurso narrativo, tendencioso y demagógico en torno a las reformas”.
Concluye que es populista preguntar si los ciudadanos desean un mejor salario y menos horas de trabajo: “Todos los colombianos queremos más salario y menos trabajo. La respuesta a esa pregunta es obvia. La cuestión es cómo hacerlo sin quebrar al Gobierno, al Estado, a los empresarios ni a las pequeñas y medianas empresas”.
