Bloomberg Línea — El nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo de Colombia pone de relieve el continuo deterioro de la situación fiscal del país y aumenta la incertidumbre sobre las perspectivas de medidas correctivas, dice Fitch Ratings.
El marco fiscal, publicado el 13 de junio, eleva la meta de déficit del gobierno central para 2025 en 2pp, a 7.1% del PIB, con incrementos subsecuentes de 1.4 puntos porcentuales (pp) para 2026 y 0.8 pp en 2027, a 6.2% y 4.9%, respectivamente.
“El plan de reducción del déficit previsto en el marco financiero a medio plazo se basa en medidas inciertas en materia de ingresos, incluida una reforma tributaria no especificada, y en recortes del gasto que deberá aplicar el próximo gobierno después de las elecciones del año próximo”, dijo la agencia.
El marco financiero a medio plazo es coherente con la opinión de marzo de la calificadora acerca del bajo rendimiento de los ingresos y la reticencia del gobierno del presidente Gustavo Petro “a sacrificar las prioridades de gasto significan que tendría dificultades para cumplir los objetivos fiscales”.
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Sin embargo, “el desvío es mayor de lo que anticipamos en marzo”, agrega, cuando pronosticó un déficit del gobierno central del 6,2% del PIB.
“Las revisiones de los objetivos de déficit anteriores, la suspensión de la regla fiscal y las amplias desviaciones de las proyecciones presupuestarias han pesado sobre la credibilidad de la política fiscal”, advirtió la calificadora que tiene asignada una nota BB+, pero con perspectiva negativa a Colombia.
A ello se suma la activación de la cláusula de escape, que suspende la regla fiscal durante tres años para acomodar mayores déficits. Dicha cláusula es un mecanismo para suspender las restricciones establecidas para el gasto, si se presentan condiciones extraordinarias en la economía.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que la activación de la cláusula era necesaria para no perjudicar el crecimiento económico y la estabilidad, y porque el 86% del presupuesto de 2025 consiste en partidas inflexibles, lo que impide recortes del gasto a corto plazo.
Varios factores, entre ellos el aumento de los costes de los intereses y las transferencias de la seguridad social y la sanidad, han incrementado las rigideces presupuestarias.
El Gobierno prevé reducir gradualmente el déficit presupuestario de la administración central en 3,4 puntos porcentuales del PIB, mediante una combinación de medidas de ingresos (1,4 puntos porcentuales) y recortes de gastos (2 puntos porcentuales), con el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% del PIB en 2030 y estabilizarlo en torno al 2,8%.
Según este plan, la deuda de la administración central pasaría del 59,3% del PIB en 2024 al 63,8% en 2027, para ir disminuyendo lentamente a partir de entonces.
“Sin embargo, la falta de medidas de saneamiento detalladas en el MFMP y su calendario propuesto hacen que las perspectivas de aplicación sean muy inciertas”, dijo Fitch.
Entre las propuestas para aumentar los ingresos figura un proyecto de reforma fiscal que podría incluir ajustes del IVA y del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las rentas más altas.
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El Congreso rechazó una propuesta para recaudar 9,8 billones de pesos el año pasado, “y es difícil que la reforma fiscal se apruebe antes de las elecciones presidenciales previstas para mayo de 2026”, dice Fitch.
Cree que esto pone en duda el ajuste fiscal neto de un punto porcentual del PIB previsto para 2026, que provendría exclusivamente del aumento de los ingresos.
El ajuste del gasto en el marco fiscal no está previsto que comience hasta 2027, por lo que también está sujeto a la incertidumbre relacionada con las elecciones.
Las rigideces presupuestarias pueden seguir aumentando a medio plazo tras la aprobación el año pasado de las reformas de las pensiones y la legislación para aumentar las transferencias del Gobierno central a las regiones.
“Creemos que los déficits seguirán siendo estructuralmente elevados en ausencia de medidas de consolidación más concretas, lo que significa que la deuda bruta de las administraciones públicas en relación con el PIB aumenta en el período de previsión, y es probable que supere nuestra trayectoria del Modelo de Dinámica de la Deuda elaborada en marzo del 64,8% en 2028, aumentando la brecha a la mediana «BB» (53,8% en 2024)”, dijo la calificadora.
Colombia tiene un historial de aprobación de reformas fiscales, pero la posibilidad de que continúen los desvíos fiscales previos a las elecciones puede aumentar el reto al que se enfrenta el próximo gobierno a la hora de formular y aplicar un plan creíble de reducción del déficit, cuando asuma el cargo en agosto de 2026, con nuevas medidas que potencialmente no entrarán en vigor hasta 2027.
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El marco fiscal prevé un mayor endeudamiento en el mercado para hacer frente a las mayores necesidades de financiación de 2025, incluyendo potencialmente US$2.400 millones de bonos globales adicionales y préstamos a corto plazo en los mercados nacionales, lo que aumenta la exposición a los cambios en la confianza del mercado, que podrían aumentar los costes de endeudamiento.
El FMI suspendió la Línea de Crédito Flexible de Colombia en abril, alegando un aumento del déficit público y de la deuda por encima de los objetivos.
