Bloomberg Línea — Daniel Quintero, un controvertido precandidato presidencial en Colombia, lanzó el martes una polémica propuesta con la que espera acabar con la corrupción en el país.
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Quintero, quien está imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, quiere acabar con las notarías, las cámaras de comercio, los peajes cada 5 kilómetros y las fotomultas.
La propuesta la lanzó a través de un video en su red social X en el que imita al presidente de Argentina Javier Milei, quien en campaña prometió recortar gastos del Estado eliminando entidades que a su consideración no cumplían un rol clave para el Gobierno.
El precandidato del petrismo ya ha hecho otras polémicas propuestas como cerrar el Congreso de la República. Esto dado que desde el poder legislativo se ha hecho contrapeso a algunas de las propuestas del presidente Petro, entre ellas una reforma tributaria de COP$11 billones.
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En las elecciones locales de octubre de 2019 ganó la Alcaldía de Medellín con cerca del 38,6 % de los votos. Durante su gestión fue crítico del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), comparándolo con “cárteles”, lo que generó fuertes tensiones con el sector empresarial local.
Su popularidad cayó drásticamente: prensa lo calificó consistentemente como el alcalde con peor índice de aprobación en Medellín, enfrentó críticas por manejo de basura, parques y múltiples denuncias de corrupción
Quintero es nacido en Medellín en julio de 1980. Comenzó su carrera política como concejal por el Partido Conservador en 2007. Más tarde fundó movimientos como el “Partido del Tomate” (2013) y desempeñó cargos importantes en el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos: fue gerente de iNNpulsa y luego viceministro TIC para la Economía Digital.
La investigación que cursa en su contra está relacionada con contratos relacionados con el lote Aguas Vivas, un terreno valorizado irregularmente desde COP$2.700 a COP$48.000 millones bajo su administración, aunque el contrato finalmente fue anulado.
Quintero dice que los cargos son una “vendetta política”, niega responsabilidad directa y ha sido respaldado públicamente por el presidente Petro.
