Bloomberg Línea — Este martes 14 de octubre en Bogotá se están llevando a cabo marchas a favor de las reformas sociales del Gobierno Petro, organizadas por Fecode (Federación Colombiana de Educadores) y sindicatos.
“Se ha conocido una ponencia que pretende que la Corte Constitucional declare inexequible la ley pensional de 2024. Desde la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) invitamos a toda la población a rechazar esa ponencia y a exigir este martes 14 de octubre que se declare la exequibilidad de esa ley”, dijo Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT Colombia.
En esta fecha, la Corte Constitucional está analizando ponencias sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, incluyendo aspectos como posibles vicios de trámite y recusaciones.
La reforma al sistema pensional busca modificar el modelo vigente para combinar aportes públicos y privados, con un nuevo esquema de pilares. No obstantem el proyecto ha sido objeto de controversias y de cuestionamientos jurídicos, lo que ha generado incertidumbres sobre su viabilidad.
Los manifestantes exigen que la Corte Constitucional no dilate más la decisión y declare la exequibilidad de la ley pensional.
Estas movilizaciones surgieron en el contexto de un debate legislativo intenso en Colombia, en el que varias reformas sociales clave se encuentran en etapas decisivas de trámite.
La convocatoria no es solo una protesta, sino un acto de respaldo al proyecto del Gobierno nacional de transformar ciertas áreas sociales que, según los organizadores, requieren modificaciones urgentes.
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Además de la reforma pensional, las movilizaciones buscan respaldar la reforma a la salud. Para las organizaciones convocantes, es importante que el texto aprobado en la Cámara de Representantes no sea modificado sustancialmente por el Senado y que el enfoque esté en fortalecer la atención directa en lugar de la intermediación financiera.
Otro tema clave es la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). Los sindicatos piden que el Gobierno presente con prontitud un proyecto de ley orgánica que asegure una financiación adecuada para educación, salud, agua potable y otros servicios en los territorios.
