Bloomberg Línea — El juicio contra Álvaro Uribe Vélez aún no ha terminado pese a haber sido absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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“Ante la presente decisión rige el recurso de casación”, dijo el magistrado ponente de la decisión, Manuel Antonio Merchán, antes de que la magistrada Leonor Oviedo salvará su voto con respecto a la decisión mayoritaria de la sala.
El recurso de casación en la justicia colombiana es una herramienta jurídica de carácter extraordinario, diseñada para que las partes puedan solicitar a la Corte Suprema de Justicia la revisión de una sentencia emitida por un tribunal en segunda instancia.
El abogado de Iván Cepeda, Miguel Ángel del Río Malo, aseguró en su cuenta de X que apelará la decisión y que acudirá a la siguiente etapa que le permite la ley.
A diferencia de los recursos ordinarios, la casación no busca reexaminar los hechos o las pruebas del proceso, sino verificar si la decisión judicial se ajustó correctamente al ordenamiento jurídico. Su propósito central es proteger la correcta aplicación de la ley y la coherencia del sistema judicial.
Este recurso está previsto en diferentes cuerpos normativos, dependiendo del tipo de proceso. En materia civil y de familia, se regula en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012); en lo penal, en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004); y en lo laboral, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En todos los casos, su carácter es excepcional, pues sólo procede en circunstancias muy precisas y ante la Corte Suprema como máximo tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria.
Entre sus principales finalidades se encuentran unificar la jurisprudencia nacional, controlar la legalidad de las sentencias y proteger los derechos fundamentales, especialmente el debido proceso.
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De esta manera, la Corte Suprema garantiza que las decisiones judiciales sean coherentes y que la ley se aplique de manera uniforme en todo el país.
Además, al revisar los casos que llegan en casación, la Corte emite fallos que sirven como referencia para futuras decisiones judiciales.
El recurso de casación sólo procede contra sentencias de segunda instancia dictadas por tribunales superiores o tribunales administrativos, según la jurisdicción.
Esto significa que no puede presentarse contra autos, providencias interlocutorias ni sentencias de primera instancia.
Su presentación está sujeta a plazos estrictos y a requisitos formales rigurosos, por lo que sólo puede ser admitido si el recurrente demuestra que se configura alguna de las causales legalmente establecidas.
En cuanto a la competencia, la casación es conocida exclusivamente por las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que se dividen en tres ramas: la Sala de Casación Penal, la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral.
Cada una se encarga de revisar los casos dentro de su especialidad, lo que asegura que los magistrados expertos en la materia sean quienes estudien los posibles errores jurídicos cometidos en las decisiones de los tribunales inferiores.
Las causales del recurso de casación varían según la jurisdicción, pero en el ámbito penal, por ejemplo, suelen incluir la violación directa o indirecta de la ley sustancial, el desconocimiento del debido proceso o la existencia de errores graves en la valoración de las pruebas.
En materia civil o laboral, las causales también se centran en los errores de interpretación o aplicación de las normas sustanciales o procesales que pudieron alterar el sentido del fallo.
Si la Corte Suprema encuentra fundado el recurso, puede casar la sentencia impugnada, es decir, anularla total o parcialmente, y dictar una nueva decisión ajustada a derecho.
En algunos casos, puede ordenar la realización de un nuevo juicio ante otro tribunal para corregir los errores detectados. Si, por el contrario, considera que no se incurrió en violaciones legales o sustanciales, puede confirmar la sentencia recurrida y declarar infundado el recurso.
En conclusión, la casación no constituye una tercera instancia del proceso, sino un mecanismo de control jurídico superior destinado a preservar la uniformidad y legalidad en las decisiones judiciales.
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Gracias a este recurso, la Corte Suprema de Justicia cumple su papel como máximo órgano de interpretación del derecho colombiano, y fortalece así la seguridad jurídica garantizando que las normas sean aplicadas de manera justa y coherente en todos los casos del país.
