Bloomberg Línea — En una medida que busca despejar las dudas de un fallo dilatorio, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez renunció a la prescripción del proceso penal que enfrenta por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
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La decisión, plasmada en un escrito presentado al Tribunal Superior de Bogotá, puede representar una apuesta del exmandatario de enfrentar la justicia y evitar que el caso termine cerrándose por vencimiento de términos legales, si esta instancia de justicia no revisa la apelación del mandatario en octubre.
Sin embargo, para Iván Cepeda, el senador del oficialista Pacto Histórico, y víctima del proceso penal en el que Uribe fue declarado culpable en primera instancia de los delitos de soborno procesal y fraude procesal, se trata de “un intento por poder estar en libertad mientras realiza la campaña electoral, ese es el trasfondo de esta solicitud a destiempo, de que ya no tenga lugar la prescripción de los tiempos judiciales, en un proceso que él mismo intento dilatar, con su defensa, al máximo”, dijo Cepeda a Blu Radio.
Una condena sin precedentes
El 28 de julio de 2025, la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitió un fallo que se inscribió en la historia judicial del país: condenó a Álvaro Uribe —en calidad de determinador— por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, absolviéndolo del cargo de soborno simple.
El caso tiene más de una década de recorrido: se originó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, hoy precandidato presidencial, por presunta manipulación de testigos.
En 2018, la Corte Suprema determinó que, por el contrario, Uribe había intentado manipular testimonios mediante su abogado Diego Cadena, lo cual dio pie a una investigación formal.
El fallo de julio de 2025 resultó en una condena de 12 años de prisión domiciliaria, inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa superior a los COP$3.400 millones.
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Renuncia a la prescripción
En su carta, Uribe expresó que nunca buscó beneficiarse de la prescripción y que renuncia a ese derecho para que el Tribunal “tenga las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que sea resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”.
La renuncia llega a un mes y medio del vencimiento del plazo legal —16 de octubre— para que una sentencia quede en firme en segunda instancia.
Implicaciones políticas y legales
El fallo original ya desató reacciones emblemáticas: es la primera vez que un expresidente colombiano es condenado penalmente tras un juicio.
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La defensa de Uribe apeló el fallo argumentando que fue víctima de una errada valoración probatoria y de un sesgo judicial.
En días pasados, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente, anulando la medida de prisión domiciliaria impuesta originalmente por la juez 44.
