Bloomberg Línea — El Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) del delito de soborno en actuación penal y fraude procesal y revocó la condena a 12 años.
El fallo indica que “no se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal”.
Manuel Antonio Merchán fue el magistrado ponente que leyó el fallo de segunda instancia.
Merchán es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con formación en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia.
Ha prestado su experiencia como asesor legal en programas de capacitación organizados por el Departamento de Justicia de EE. UU. a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
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El magistrado ha desempeñado un papel destacado en el proceso penal contra Álvaro Uribe, atendiendo diversos recursos presentados por la defensa durante el desarrollo del juicio.
Entre sus resoluciones más importantes se encuentra la aprobación de la validez de las interceptaciones telefónicas de 2018 a Uribe, que la defensa cuestionaba, autorizando así su uso como evidencia en el caso.
Uribe se convirtió el pasado 1 de agosto en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente.
El fallo de primera instancia se basó en pruebas como interceptaciones telefónicas de 2018 entre Uribe y su abogado Diego Cadena, admitidas por el Tribunal Superior de Bogotá, y grabaciones entregadas por el testigo Juan Guillermo Monsalve.
Monsalve acusa a Uribe de haber impulsado la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Uribe fue absuelto del delito de soborno simple.
Ahora, el Tribunal determinó que las conversaciones telefónicas de Álvaro Uribe Vélez fueron obtenidas de forma ilegal, violando su derecho a la intimidad.
Así mismo, el tribunal determinó que más que un error en el momento de realizar las interceptaciones se trató de una negligencia grave.
Adicionalmente, los jueces de segunda instancia determinaron que en la sentencia del pasado 28 de agosto la juez basó la condena en fragmentos de grabaciones y en deducciones e inferencias sin haber podido probar una conducta delictiva a Uribe.
El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X que el “Tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”.
“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, dijo el mandatario.
Primera instancia
En agosto, el expresidente de Colombia Uribe fue condenado en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Además, se le impuso una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes o unos COP$3.445 millones.
La condena contra Uribe Vélez se produjo tras más de nueve años de proceso y 67 audiencias.
En medio del proceso judicial, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez informó que volvería a aspirar al Senado de Colombia.
“Nosotros aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya”, dijo Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático.
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El caso Uribe
El caso se remonta al 2011, cuando los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra se entrevistaron con Iván Cepeda, en ese entonces parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, para denunciar que presuntamente el expresidente Uribe Vélez contribuyó a la creación del grupo paramilitar Bloque Metro y la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Tras las declaraciones de los exparamilitares, Cepeda solicitó a la Fiscalía investigar el caso y, en 2012, Uribe lo denunció por abuso de función pública, calumnia agravada y fraude procesal ante la Corte Suprema de Justicia.
La corte concluyó en 2018 que Cepeda no era culpable de los delitos por los que se le señalaba.
En cambio, ordenó la apertura de una investigación contra Uribe por supuestamente manipular a los testigos, a través de Diego Cadena, y que declararan contra Cepeda.
En 2020 la Corte ordenó la detención de Uribe, que fungía como senador.
Sin embargo, el líder del Centro Democrático renunció a su cargo, razón por la cual la competencia de investigarlo quedó en manos de la Fiscalía que, en dos ocasiones, a través de los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, en 2021 y 2022, respectivamente, solicitaron la preclusión del caso argumentando que no había pruebas, aunque la justicia la negó.
Ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el senador y ahora precandidato Presidencial Cepeda ha dicho que interpondrá, ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación.
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