Bloomberg Línea — Después de cinco meses. la reforma a la salud arrancó su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. El proyecto llega a esta instancia a competir con una nueva ponencia radicada mientras la posibilidad de archivo de la iniciativa de ley se disipa.
“Ni esa propuesta del Gobierno Petro ni el archivo son la solución: el país necesita una propuesta distinta, que garantice soluciones reales”, dijo la senadora Norma Hurtado del opositor Partido de La U, quien lidera la ponencia alternativa.
Hurtado aseguró que postergar el debate o archivarlo sería condenar “a pacientes, médicos y hospitales y clínicas”.
Además, agregó que la crisis actual del sistema no es porque no se haya aprobado la reforma del presidente, sino que es producto de la mala administración y de las intervenciones fallidas a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que actualmente manejan el dinero del sistema sanitario.
La ponencia alternativa propone un modelo en donde el riesgo financiero lo asume el Estado y riesgo en salud lo administran las Gestoras de Salud y Vidas (que son las EPS del actual sistema), manteniendo la prestación de servicios de salud públicos, privados y mixtos.
En ese sentido, las Gestoras tendrán a su cargo la organización y control de la atención en redes, calidad y auditoría, pero no manejarán los recursos del sistema sanitario.
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Plantea, además, un cálculo técnico de la Unidad de Pago por Capitación, o UPC, que es el dinero que el Estado le entrega a las EPS, validado con estudios académicos y definidos por el Consejo Nacional de Salud.
También prevé la creación de un mecanismo de crédito especial para que el sector pueda ponerse al día con las deudas de las EPS “y se destinarán recursos graduales del Presupuesto General para pagar las deudas de hospitales públicos afectados por EPS liquidadas, priorizando a los trabajadores de la salud”, dice el proyecto.
Adicionalmente, la ponencia alternativa propone que el 100% del recaudo de impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados sea dirigido, durante cinco años, a sanear financieramente el sistema de salud.
“Esto permitirá contar con COP$4,9 billones en 2026, y a 2036, con ingresos cercanos a COP$26,4 billones por IVA social y COP$38,4 billones por impuestos saludables”, dice el documento de ponencia.
Sobre este proyecto, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, manifestó que “las EPS se roban la plata, la administran mal y esta ponencia busca que sea el Estado el que ahora pague. Además, eliminan el régimen especial para trabajadores de la salud que permite que todo el personal de la salud reciba mejores salarios y tenga condiciones laborales dignas”.
A lo que agregó que el proyecto limita que el país produzca y promueva sus propias vacunas, favoreciendo los negocios de las multinacionales farmacéuticas “y modifican la composición del Consejo Nacional de Salud entregándole poder a los privados para que los dueños de las EPS mantengan su negocio”.
En reiteradas ocasiones, el presidente Gustavo Petro ha abogado por su reforma.
“Nada que se mueve la reforma a la salud, pareciera que el Congreso la quiere echar por tierra”, dijo en uno de sus consejos de ministros de agosto. “¿Cuál es la Comisión? La Séptima de Senado, que ya había frenado la reforma laboral y ésta la ha votado dos veces en contra”.
Petro cuestionó a varios legisladores encargados del trámite de la reforma diciendo “cómo un congresista liberal o una congresista cristiana no acepta profundizar un sistema de salud que, como el que estamos implementando, reduce la muerte de mujeres en 70% cuando están embarazadas simplemente porque las vigila con personal médico, las cuida, así estén ubicadas en el lugar más remoto de Colombia".
La reforma a la salud del Ejecutivo también ha contado con la oposición del sector privado. La ANDI, gremio de empresarios, ha argumentado que el proyecto no resuelve los retos financieros del sistema de salud y, en cambio, los agrava, profundizando la crisis vigente.
Para el gremio, la iniciativa generaría un déficit de COP$141,4 billones en 10 años, contrario a los cálculos del Ministerio de Hacienda, que proyecta un superávit de COP$21,8 billones, según un informe de la agremiación.
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Ha dicho, además, que la reforma del gobierno no garantiza el cumplimiento de lo dicho por la Corte Constitucional de revisar y ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre 2021 y 2024, y establecer una metodología suficiente para 2025.
La reforma de Petro
En el texto aprobado de la reforma a la salud en segundo debate en la Cámara de Representantes, en marzo de este año, se destacan las siguientes propuestas:
-Transformación de EPS: pasarán a ser Gestoras de Salud y Vida, reconociendo un 5% del valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para financiar la atención integral.
-Pagos directos: la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asumirá la responsabilidad de realizar los pagos directos a prestadores de servicios médicos, incluyendo hospitales y proveedores de tecnologías en salud.
-Definición de UPC: el Gobierno definirá la UPC mediante estudios técnicos, considerando ajustadores de riesgo como edad, sexo y condiciones socioeconómicas.
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-Centros de Atención Primaria: se crearán CAPS para fortalecer la atención inicial en salud.
-Fondo Único de Salud: se establecerá un fondo dividido en subcuentas para áreas específicas como atención primaria y mejora de infraestructura hospitalaria.
-Financiamiento: los recursos provendrán de impuestos y cotizaciones, bajo vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.
