Bloomberg Línea — Por cuenta de la reforma laboral aprobada este año, desde el 25 de junio de 2026 las empresas en Colombia, con más de 100 trabajadores, deberán cumplir con una cuota mínima de contratación de personas con discapacidad. Es una de las medidas de equidad dispuestas en la normativa que será de obligatorio cumplimiento.
“Con la reforma laboral se abre una puerta que durante años hemos trabajado por abrir: que las personas con discapacidad intelectual tengan un lugar en el mundo laboral”, dijo Alejandra Arenas, directora ejecutiva de Best Buddies Colombia, organización internacional sin ánimo de lucro que se dedica a buscar oportunidades para personas con discapacidades intelectuales.
Según los datos más recientes de la Demografía Empresarial del Departamento Nacional de Estadísticas, se estima que serán 16.300 compañías las que cuentan con más de 100 empleados y que estarán obligadas a cumplir con la nueva normatividad.
Las cifras oficiales que indican que en 2023 se registraron en el país 784.180 empresas empleadoras activas. De ese total, 19.562 fueron clasificadas como medianas, con entre 50 y 249 empleados, y 6.512 como grandes, con 250 o más trabajadores.
En conjunto, suman 26.074 compañías en los dos segmentos de mayor tamaño. El peso de estas organizaciones es significativo: generan cerca del 66% del empleo formal en Colombia según la misma entidad.
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La ejecutiva explicó que, si bien muchas organizaciones ya han avanzado voluntariamente en la vinculación de personas con discapacidad, reconociendo el valor que aportan en productividad, innovación y cultura empresarial, la entrada en vigencia de la Ley es una oportunidad para consolidar una Colombia más equitativa, diversa e inclusiva.
En Colombia el 7,2 % de la población, unos 3,1 millones de personas, viven con alguna discapacidad, y de ellas, cerca de 800.000 tienen discapacidad intelectual.
Best Buddies Colombia adelanta un programa de inclusión de personas con discapacidad intelectual denominado Oportunidad Laboral, en el que han participado más de 2.200 personas y a partir del cual se han construido alianzas con más de 100 compañías.
“Hoy 736 personas están vinculadas a 99 compañías, aportando en áreas operativas, de servicio al cliente y administrativas. El impacto ha sido tan tangible que 90 de ellos han adquirido vivienda propia, demostrando cómo el acceso al trabajo puede transformar vidas", destacó la organización.
Rosmery Quintero, directora ejecutiva de la seccional Atlántico de Acopi, gremio de las pequeñas y medianas empresas, y presidenta del Observatorio Nacional de la Mipyme, le dijo a Bloomberg Línea que consideran que esta disposición, aunque es una oportunidad laboral, tiene un gran inconveniente.
“Encuentra un gran obstáculo para su implementación: la estabilidad laboral reforzada que contempla la ley y la jurisprudencia que, aun existiendo la causal de un despido, este no pude realizarse con la facilidad que debiera, sino mediante un procedimiento que lo autorice”, dijo la dirigente gremial.
Sin embargo, Arenas dice que la experiencia confirma que cuando se les brinda una oportunidad a estas personas, responden con talento, compromiso y una inmensa capacidad de transformar los entornos donde trabajan.
La reforma laboral fue sancionada el pasado 25 de junio, se radicó en la Cámara de Representantes en 2023 y llegó al Senado en 2024, donde fue debatida, revisada, modificada y finalmente aprobada tras conciliación de los textos.
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La ahora ley introduce cambios significativos en derecho laboral: el contrato a término indefinido se plantea como la modalidad general, mientras que los contratos a término fijo quedan limitados en duración (máximo cuatro años) y sujetos a condiciones de renovación.
La jornada máxima sigue siendo de 42 horas semanales, con distribución entre cinco o seis días, y se redefinen los horarios para jornada nocturna, que comienza a partir de las 7:00 p.m.
El recargo por trabajos en domingos y festivos se incrementa progresivamente (80% en 2025, 90% en 2026, 100% en 2027).
La reforma además incluyó regulaciones para los contratos de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el trabajo doméstico, rural y de plataformas digitales.
